Mediados de 1996. Una desconocida compañía llamada Ares Capital pleitaba contra el gigante estadounidense del petróleo Mobil Oil Corporation, que dos años más tarde se fusionaría con Exxon. La razón: el registro de la marca 'Mobile, automóviles con conductor". Un año más tarde perdía esa primera gran batalla judicial. Era la primera de muchas.
Hoy esa compañía se ha convertido en un gigante de las licencias de coches con chófer (VTC), utilizadas por grandes plataformas como Uber y Cabify. Sus fundadores, los hermanos Ortigüela, se la han vendido al 'megafondo' de inversión King Street Capital por más de 100 millones de euros. En total, entre las que están a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo y las que ya tiene registradas en Fomento, cuenta con más de 3.700 permisos. El acuerdo millonario está hoy sobre la mesa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Los orígenes
Ares Capital fue fundada en el año 1993 por los hermanos Juan y Ramón Ortigüela. Es una de las más veteranas de un sector de chóferes privados no muy grande que era utilizado principalmente por compañías privadas para el traslado de sus empleados, directivos o invitados. Televisiones, grandes empresas, hoteles...
Juan Ortigüela, licenciado en administración de empresas por la Universidad de San Francisco (EEUU), es el que está al frente del pequeño imperio de la VTC. A mediados de los 90 creó junto con otros empresarios del sector la patronal del alquiler de vehículos sin (rent-a-car) y con conductor Zonturent, focalizada en zonas turísticas. Siete años después ya era el presidente.
Estaba al frente de una de las mayores federaciones del sector. Era uno de los interlocutores con la administración. Y su posición siempre fue muy favorable a la liberalización de la actividad. De hecho, en 2009 defendía que la Ley Ómnibus, aquella que eliminó la limitación de 1 licencia VTC por cada 30 de taxis y que le permitió reclamar miles de licencias hasta el año 2015 y que ahora venderá al fondo King Street, era "positiva y abre un camino para el alquiler de vehículos con conductor, al equipararla en todos los sentidos con el servicio discrecional de transporte de viajeros". Es decir, lo equiparaba al taxi.
Su relación con el taxi siempre ha sido complicada. Ya en 2003, su empresa Aerocity (la otra compañía junto con Ares Capital) era uno de los focos de las críticas del taxi por los servicios de transporte en el aeropuerto de Barajas en Madrid. "Nuestra actividad es totalmente legal", defendía en aquellas fechas.
Más de 3.200 licencias 'judicializadas'... y 570 registradas
En 2010, cuando Cabify no existía y Uber era una pequeña empresa en Estados Unidos, Ortigüela pleitaba contra la administración por la limitación de 1 licencia de VTC por cada 30 taxis. Cuatro años antes, en 2006, se aprobó el plan de ordenación de las VTC en Mallorca y hacía saltar por los aires esa proporción. Ares Capital era uno de los contendientes en una batalla legal que acabó con el 'sí' a ese nuevo ratio de 1 VTC por cada 15 taxis.
La entrada en vigor de la llamada 'Ley Ómnibus' en 2009 abrió la puerta a solicitar licencias VTC. En 2010, Ares Capital presentó las primeras peticiones de nuevas licencias gracias a esa liberalización. Fueron en Málaga y en Barcelona. En total, un centenar de autorizaciones para operar en el sector. En ambos, Ortigüela presentó un recurso contra el 'no' de la administración alegando que la limitación ya era historia. Y los ganó. Los tribunales superiores de Andalucía y Cataluña fallaron a su favor. Era sólo el arranque.
Ese fue el 'modus operandi' durante cinco años hasta que en 2015 el Gobierno de Rajoy aprobó el reglamento, a través de un decreto, para recuperar la limitación de 1-30. Pero dio tiempo a solicitar miles de licencias. Según las sentencias a las que ha tenido acceso La Información, la compañía tiene hoy algo más de 3.200 licencias reclamadas por vía judicial.
Seis de los casos, que suman 500 autorizaciones, están ya en el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite los recursos de la administración y deberá pronunciarse. La inmensa mayoría proceden de Madrid y Barcelona, aunque también hay casos como el de las 700 licencias reclamadas en Palma de Mallorca.
Los pronunciamientos que ha llevado a cabo el Tribunal Supremo en todo este tiempo han sido favorables a la concesión de estas licencias. Por tanto, se da por hecho que la inmensa mayoría de estas licencias -que en no pocos casos están siendo operadas a través de ejecuciones provisionales de sentencia- serán otorgadas de manera definitiva por el Alto Tribunal.
A esta cifra hay que añadir las que ya tiene hoy por hoy registradas a través de la sociedad Ares Capital. Según el Registro del Ministerio de Fomento, cuenta con 557, algo menos de la mitad de ellas en Málaga. Hay otras decenas de ellas que ha ido vendiendo en los dos últimos años a operadores privados grandes y pequeños autónomos.
En este tiempo ha transferido más de una treintena de sociedades que contaban entre sus activos con varios de estos permisos. Estas ventas, por ejemplo, le permitió ingresar a la compañía más de 21 millones de euros en 2016 en el capítulo de 'enajenaciones del inmovilizado'. Las cuentas de 2017 aún no están presentadas en el Registro Mercantil.
Más de 100 millones
Pero la operación estrella es la venta a King Street. Durante meses se ha estado negociando por ambas partes. Y ya hay acuerdo de ambas partes. Los términos de la venta no se han hecho públicos, pero todas las fuentes consultadas confirman que la venta es por el total de las acciones de Ares Capital. El precio: varias decenas de millones de euros. Fuentes con conocimiento de la operación aseguran que supera los 100 millones.
La transmisión deberá ser estudiada ahora por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El expediente abierto habla de la "adquisición del control exclusivo" y es analizado por la significativa cuota de mercado de la compañía. La entrada de la notificación fue a mediados del pasado mes de marzo. El grupo adquiriente es King Street Capital Management, pero quien ejecutará la adquisición es Siargao Directorship SL, una sociedad fundada el pasado año y controlada por Garment Investment SL cuyo socio único es Stone Peak Plum Investments II Sarl con sede en Luxemburgo.
Con esta operación se pone fin a meses de negociación. Y se confirma la entrada de los grandes fondos de inversión internacionales en un mercado que está muy caliente.
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