Argentina rescindió hoy el contrato con la empresa española Isolux para la construcción de una central termoeléctrica en la mina de carbón de Río Turbio, en el sur del país, un proyecto que lleva paralizado dos años y sobre el que pesan sospechas de corrupción.
El Ministerio de Energía argentino no dio más detalles y en la publicación de la medida en el Boletín Oficial simplemente aludió a que la obra se hallaba inconclusa tras el vencimiento del plazo previsto.
La decisión llegó el mismo día en que el exdirector de la compañía pública que gestiona el yacimiento, Atanasio Pérez Osuna, fue detenido en el marco de una causa que investiga un supuesto fraude. La propia Isolux despidió en marzo del año pasado a toda su cúpula directiva en Argentina por irregularidades detectadas tras una investigación interna.
La construcción de la generadora, un proyecto inacabado que ya ha requerido más de 1.600 millones de dólares, fue adjudicada a finales de 2007, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, y de acuerdo a las estimaciones actuales aún serían necesarios al menos dos años y 250 millones de dólares más, informó la agencia estatal argentina de noticias Télam.
El Ministerio de Energía reiteró su intención de terminar esta obra, a través de una nueva adjudicación que, aclaró, debería enmarcarse en una "reestructuración" que también quiere que alcance a la empresa minera, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), sobre la que el Gobierno criticó la "ausencia de producción efectiva de carbón en volúmenes significativos en la última década".
La decisión del Ejecutivo argentino de rescindir el contrato tiene lugar después de haber esperado durante 2017 a que la empresa española lograse un acuerdo con un nuevo inversor que se hiciera cargo de la conclusión de las obras. Una de las empresas interesadas en el proyecto fue la constructora Iecsa, que había pertenecido al primo del presidente argentino, Mauricio Macri, un asunto que generó polémica.
Desde que terminó el plazo el año pasado, las diferencias se habían vuelto irreconciliables entre Isolux, que reclamaba más dinero por las peticiones de cambios realizadas por las administraciones argentinas, y el propio Gobierno, que se quejaba del elevado coste y del ritmo del proyecto, que se estima terminado en un 85%.
En 2015, en medio de la campaña electoral, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) llevó a cabo una inauguración de la planta sin que estuviese terminada y, según medios locales, al prender una turbina que no estaba terminada se produjeron importantes daños en la caldera y los sistemas de ventilación y refrigeración. Tras la llegada al poder del nuevo Gobierno, el Ministerio de Energía presentó una denuncia por los supuestos sobrecostes en la construcción de la central.
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