El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha salido victorioso de la primera prueba de fuego del cisma del fútbol español. La Asamblea General de este viernes se ha saldado con el visto bueno de 37 de los 42 clubes de la Primera y Segunda División al acuerdo financiero impulsado por Tebas de la mano del fondo de private equity CVC Capital Partners.
El resultado de la votación, que se ha desarrollado en un clima de alta tensión, supone un golpe para Madrid, Barça y Bilbao, que presentaron una contraoferta a los clubes hace apenas una semana. La votación ha registrado cuatro votos en contra y una abstención. La nota singular de la reunión ha sido el 'no' de la UD Ibiza, el club presidido y fundado por el expresidente del Valencia, Amadeo Salvo, empresario que ahora dirige el club balear, según fuentes conocedoras del proceso consultadas por La Información. Se da la paradoja de que el equipo ibicenco, fundado en el año 2015, subió esta pasada temporada a Segunda División A tras eliminar, en la fase final de los play offs, al Castilla, filial del Real Madrid.
El resultado de la votación complica las cosas al Real Madrid, el Barcelona Club de Fútbol y el Athletic Club de Bilbao, los tres clubes díscolos que exhibieron al resto de entidades una propuesta de financiación alternativa de última hora, la noche del pasado 2 de diciembre, a la que bautizaron como Proyecto Sostenible. El partido todavía no ha terminado pues el 'G3' planea emprender acciones legales contra el proyecto de Tebas, conocido como LaLiga Impulso.
El acuerdo de LaLiga y CVC aún debe pasar el examen de las autoridades pertinentes. Además, la guerra del fútbol nacional está abocada a una batalla en los tribunales. El presidente del club blanco, Florentino Pérez, ya anunció en su momento que demandaría a Tebas por administración desleal, de seguir adelante con dicha operación, un proyecto que el propio Pérez calificó de "estafa". Todo hace indicar que sus homólogos en el Barça, Joan Laporta, y el Bilbao, Aitor Elizegi, seguirán a Pérez en su ofensiva jurídica.
Según la propuesta ganadora, el fondo que dirige en España Javier de Jaime inyectará a la competición 1.994 millones de euros (2.700 si se sumasen todos los clubes), a cambio CVC recibirá el 11% del capital de una sociedad de nueva creación a la que LaLiga traspasará su negocio comercial, con todas sus filiales y joint ventures, durante los próximos 50 años. La inyección de liquidez de la firma de private equity se ejecutará de forma escalonada a lo largo de los próximos 4 años.
La contraoferta de os tres clubes que han liderado la oposición a LaLiga Impulso, consta de un pago único de 1.994 millones de euros que los clubes recibirían esta misma temporada. Como contrapartida, estos abonarían un importe fijo anual de 115 millones de euros durante los próximos 25 años, lo que rebaja a la mitad el tiempo en que los clubes estarían 'atados' a sus acreedores respecto al acuerdo con CVC. La oferta impulsada por Florentino Pérez, punta de lanza de la resistencia al proyecto de Tebas, estaría financiada por Bank of America, HSBC y JP Morgan, entidades de cabecera del empresario madrileño.
En la pugna, ambos bandos han tratado de ganarse el favor del Consejo Superior de Deportes (CSD) que, finalmente, ha optado por mantenerse al margen. El acuerdo entre Tebas y CVC reservó al organismo público más de 100 millones de euros de los 2.100 que inyectará el fondo al 'deporte rey'. Por su parte, los tres clubes díscolos instaron al CSD a suspender la Asamblea de este viernes hasta alcanzar un consenso, algo que les hubiera concedido más tiempo para sumar apoyos al Proyecto Sostenible.
El CSD no suspendió la Asamblea General, lo que soliviantó a los tres clubes, que no se presentaron a la reunión que tenían agendada con el Consejo este mismo jueves, a 24 horas de la votación. La institución que dirige José Manuel Franco tampoco aceptará el dinero de Tebas, algo que habría convertido al CSD en parte interesada de la operación y, en caso de que vengan mal dadas, también en perjudicado por el acuerdo financiero, por lo que "estaría legitimado para realizar las actuaciones y ejercitar las acciones pertinentes en defensa de sus derechos, como acreedor", tal y como advirtió al CSD la Abogacía del Estado.
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