El pasado 10 de marzo era la fecha fijada para que diera comienzo uno de los juicios financieros más esperados de 2021: la demanda interpuesta por el italiano Andrea Orcel contra Banco Santander como respuesta a la decisión de la entidad de dar marcha atrás a su contratación como mano derecha de Ana Botín. Pero el proceso no se retomará ya hasta una vez pasado el verano, después de que apenas se haya celebrado una vista de dos horas. El magistrado Javier Sánchez Beltrán no ha podido establecer un nuevo calendario al no haberse decidido qué capítulo aplicar en la tramitación del 'auxilio judicial' o comisión rogatoria a Suiza, al tiempo que en apenas dos semanas llegará agosto, un mes inhábil para todas las actuaciones judiciales.
La celebración de la vista oral se ha ido topando con una serie de trabas, desde un viaje de uno de los protagonistas que le impedía la asistencia, hasta una cuarentena por un contacto estrecho con una persona positiva en Covid-19. Por el momento, solamente ha declarado la presidenta de la entidad, Botín, en calidad de representante de la demandada. El caso no se reiniciará hasta septiembre, cuando está previsto que Sánchez Beltrán establezca el nuevo calendario. Tras el cuarto aplazamiento 'sine die' y, una vez pasadas las vacaciones estivales, habrá corrido medio año desde el momento en que se marcó el inicio de la batalla, sin tener en cuenta la vista previa celebrada en septiembre de 2020 en la que no se solucionó el conflicto de manera extrajuidicial.
El pasado 19 de mayo Botín respondió durante unos 120 minutos a las preguntas del juez y al interrogatorio del abogado del demandante, quien en ocasiones dejó entrever un tono combativo. En la primera fila de la sala se encontraba Orcel, que acudió al cara a cara a pesar de que no era obligatorio que lo hiciera. Ese día debían declarar cuatro testigos, pero el juez aplazó la vista con la intención de aunar la testifical de los directivos suizos, que alegaron no poder viajar a España por causas relacionadas con la pandemia, con la de Roberto di Bernardini (exjefe de recursos humanos de Santander) y Jaime Pérez Renovales (actual secretario general y del consejo del banco). La idea era evitar ventajas entre las partes.
El juez debe dirimir si aplicar el capítulo primero o segundo en la tramitación de la comisión rogatoria, regulada en el convenio de La Haya
Una de las opciones para que las testificales del presidente de UBS, Axel Weber, y del jefe de recompensas del banco suizo, Mark Shelton, consten en acta es que lo hagan por videoconferencia. Esta circunstancia ha provocado que se solicitara la tramitación de una comisión rogatoria, que queda regulada bajo el convenio de La Haya relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil. El magistrado deberá decidir ahora qué capítulo aplicar en este auxilio judicial solicitado a Suiza. La defensa de Banco Santander quiere que se aplique el primero y, la de Orcel, el segundo, según han trasladado fuentes jurídicas a La Información.
La entidad con sede en Boadilla del Monte pretende que sea un juez de Suiza el que tome declaración a Weber y a Shelton desde ese país. De este modo, el Juzgado de Plaza de Castilla tendría que solicitar a la autoridad competente suiza la realización del interrogatorio a los directivos. Por su parte, Orcel quiere que Sánchez Beltrán mantenga el control de la causa, sin intervención ninguna de otro 'poder', por lo que su intención es que testifiquen por videoconferencia respondiendo a las preguntas que se realicen desde Madrid. La primera opción podría implicar retrasos adicionales y es probable que un juez ajeno a la causa no tenga la misma facultad que el principal.
De 112 millones... a 66 millones
En cualquier caso, parece que no existe prisa por cerrar este episodio en el que ninguna de las partes quiere dar su brazo a torcer. Orcel decidió iniciar una demanda ante los juzgados, pidiendo inicialmente 112 millones de euros como compensación económica, fundamentalmente por los posibles daños reputacionales y a su carrera que esta decisión le pudiera acarrear en su vida laboral. El problema es que la situación de Orcel ha cambiado y su alegato ha ido perdiendo consistencia. Uno de sus principales argumentos era que había dejado su trabajo en UBS y que debía ir al paro, pero hace apenas tres meses se incorporó como consejero delegado del banco italiano Unicredit, uno de los mayores grupos financieros de Europa. Su argumentario principal descalifica la propia demanda y él lo entiende, por lo que, aunque su intención es continuar con la 'guerra judicial', ha rebajado las cifras de los conceptos por los que pide una indemnización.
En este tipo de pleitos es habitual reclamar por elementos aún siendo consciente de que se denegarán, como es en este caso los 10 millones de euros que mantiene por daños morales y que hasta el propio magistrado calificó de "incoherencia". Adicionalmente, el banquero exige 17 millones de euros por el bonus de incorporación, otros 10 millones de euros por dos anualidades de retribución fija y entre 19 y 29 millones de euros de buy-out. De este modo, la indemnización que requiere oscilaría en una horquilla de entre 56 millones y 66 millones de euros, según si se tiene en cuenta la parte baja o alta de la retribución diferida. Para Banco Santander, estos importes siguen siendo elevados y no está dispuesto a asumirlos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios