Pioneer prepara toda su artillería jurídica contra el Govern tras el fiasco del ATLL

  • El fondo duda de la capacidad de la Generalitat para hacer frente a la cantidad que solicitarán si el contrato se resuelve de forma anticipada.
Planta de ATLL
Planta de ATLL

El fondo británico Pioneer Point Partners, socio de Acciona en el negocio del agua de ATLL -Aigües Ter Llobregat, que abastece a Barcelona-, lanzará toda su artillería jurídica contra la Generalitat en el caso de que esta cumpla sus amenazas de resolver el contrato de la gestión del agua antes de su finalización, prevista para 2062.

En este sentido, desde el fondo argumentan que ante el posible cumplimiento de las amenazas de declaración del contrato como "nulo de pleno derecho" por parte del Govern de Quim Torra acudirán, si es necesario, a "un litigio español o a nivel europeo o un arbitraje internacional". De esta forma, y pese a que la mejor de las opciones para ellos parece ser esta última, utilizarían toda su artillería legal para lo que consideran una ataque a la seguridad jurídica de España.

Precisamente la falta de garantías y la puesta en duda de la validez de ciertos contratos es lo que, de acuerdo con los argumentos del fondo, puede hacer que esta situación dañe la imagen empresarial de España. "Ahora que no necesitan el dinero, rompen el contrato. ¿Qué contrato va a valer ahora? ¿El contrato de tu apartamento, el de tu trabajo?", resumen. 

El fondo Pioneer Point Partners se hizo, junto con Acciona, con la gestión del agua de ATLL en 2012 por un periodo de 50 años, pero solo tres años después empezaron los problemas. Fue entonces cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró nulo el proceso de adjudicación de la concesión, algo que en febrero de este mismo año confirmaba el Tribunal Supremo tras un recurso. 

"Hemos cumplido este contrato durante seis años", señalan desde Pioneer, "pero en los últimos años, desde el lado legal y también con ataques generales se han hecho diversas declaraciones e incluso se han tomado decisiones legales ambiguas". En cambio, consideran que "no se ha llevado a cabo una acción específica", por lo que esperarán para tomar una decisión.

En el caso de que la Generalitat cumpla sus amenazas y resuelva definitivamente el contrato, Pioneer y Acciona pedirán de forma conjunta la devolución de las inversiones realizadas -unos 300 millones de euros en 2012 y 130 millones más que debían ser invertidos en los siguientes diez años, de los que se han asignado más o menos la mitad- y los daños y perjuicios derivados de la rotura del contrato 44 años antes de su finalización. "Nosotros estaríamos encantados de continuar el 2019 y 2020, pero en el caso de que nos lo impidan, les pedimos una compensación de 1.037 millones de euros", señalan. 

"No creemos que tengan el dinero para pagarlo", afirman desde Pioneer. Desde el fallo judicial, la Generalitat catalana provisionó 380,29 millones en la cuenta general de 2015 -tras la decisión del TSJC- y otros 54 millones más en los presupuestos de 2017. A pesar de ello, esta cantidad se queda muy lejos de lo que solicitarán los adjudicatarios de ATLL de llegar al arbitraje.

Pero según expertos jurídicos, en este caso el fondo tiene las de ganar. Y es que España ya ha tenido otros reveses en este tipo de tribunales internacionales, tal y como recuerdan. Uno de los más claros fue el que se llevó a cabo alrededor del sector de las renovables pero, desde Pioneer señalan "nuestro caso es aún más duro al tratarse de un contrato de 50 años". 

En cambio, la Generalitat no está para nada de acuerdo y presentó hace unas semanas su propuesta de liquidación del contrato de gestión del agua. Además de no atender la petición de Acciona y Pioneer, les impondría un pago de 38,42 millones de euros al calcular la diferencia entre los ingresos percibidos y los gastos de la concesionaria durante estos seis años. 

 

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