La Audiencia confirma el archivo de Iberdrola Renovables en el caso Villarejo

Ni la cúpula ni las empresas tienen ya nada que ver con el 'caso Villarejo'. Al menos en lo que respecta con la presunta responsabilidad penal. La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo para la filial Iberdrola Renovables Energía por la prescripción del delito derivado de la supuesta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. La Sala de lo Penal ha ratificado la decisión del juez instructor Manuel García Castellón de cerrar la investigación que se dirigía contra la compañía por el abono de 29.500 euros a Cenyt, el entramado empresarial liderado por el expolicía.

La filial del grupo eléctrico fue imputada como persona jurídica en julio de 2021, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por el pago realizado en febrero de 2012 en relación con el denominado 'proyecto Wind'. Un trabajo que el agente encubierto habría llevado para espiar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, así como a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica, con los que la compañía eléctrica mantenía un conflicto tras haber cerrado un pacto para acometer un proyecto en Rumanía.

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El juez que instruye el 'caso Villarejo' decidió, siguiendo el criterio marcado previamente por dicha Sala, acordar este sobreseimiento, el pasado 26 de julio, al entender que el delito de cohecho que se atribuyó a la empresa estaban prescritos. Tras analizar la prescripción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación con el ilícito investigado y constatar que la pena máxima que podría corresponder a Iberdrola Renovables Energía sería de dos años, el magistrado concluyó que el plazo de prescripción es de cinco años, lo cual ya ha sido superado. 

Esta decisión que fue impugnada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones ejercidas por Podemos, el empresario Cornelius Dica y la compañía C-Tech, si bien sus recursos han sido desestimados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal. El tribunal comparte con el instructor que  "contando desde finales de 2011, fecha de la consumación del presunto cohecho activo por el que se investiga en la presente causa a Iberdrola Renovables, al 9 de julio de 2021, cuando esta compañía fue llamada a declarar en calidad de investigada e, incluso el 31 de mayo de 2021, fecha de la denuncia interpuesta por Cornelius Dica y C-Tech, habían transcurrido ampliamente los cinco años del plazo de prescripción".

Este último auto de la Sala de lo Penal, que se ha dado a conocer miércoles, llega justo un mes después de que el mismo tribunal confirmara el sobreseimiento libre del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, también por prescripción de los delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil; y de rechazar aplicarle al máximo responsable de la compañía la responsabilidad de este último trabajo desarrollado por Villarejo, quien fue contratado entre 2004 y 2017. Poco antes, los magistrados también se opusieron, de manera, definitiva, a la posible imputación del grupo eléctrico en esta pieza separada número 17 de la macrocausa, al entender que no se puede exigir a la matriz el control de "todas las actuaciones de su filial para tratar de evitar la comisión de delitos cuando se trata de una actuación propia y exclusiva de la sociedad filial".

El 'proyecto Wind'

Según consta en el sumario de la causa, Iberdrola habría encargado en 2011 al comisario retirado la investigación sobre la sociedad helvética y sus representantes, con quienes surgieron diferentes conflictos, lo que fue bautizado por el propio espía como 'proyecto Wind'. Estos servicios habrían sido abonados por la filial de energía renovables. Más tarde, en 2016 Villarejo volvió a ser contratado para la localización de bienes de los anteriores objetivos para poder ejecutar el laudo arbitral que había sido favorable para la eléctrica, si bien este segundo encargo no ha sido objeto de las pesquisas que dirige el juez García Castellón, ya que en dichas fechas el comisario ya no se encontraba en activo en la Policía Nacional, por motivo de su jubilación.

Durante la declaración ante el juez, el pasado 20 de enero, el representante de Iberdrola Renovables indicó que este pago no correspondía a ningún servicio concreto, sino a los gastos que generó una "oferta de un plan de acción y un presupuesto" que hizo Villarejo, la cual nunca se llegó a contratar. Y en ello ha insistido el equipo jurídico de la compañía en sus escritos dirigidos al juzgado para reiterar que no tuvo ninguna participación en los supuestos encargos realizados al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto.