Como medida cautelar

La Audiencia Nacional congela la multa de Competencia a Repsol por Petrocat

El tribunal ha exigido a la compañía que presente un aval bancario por importe de 850.000 euros, cuantía equivalente a la sanción que el organismo regulador impuso a la energética en abril del año pasado.

El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, y el presidente del grupo energético, Antonio Brufau
El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, y el presidente del grupo energético, Antonio Brufau
Europa Press

La Audiencia Nacional ha congelado la multa de 850.000 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a Repsol el año pasado por la infracción de ciertos compromisos suscritos por el gigante energético en la compra de Petrocat, filial participada por la Generalitat de Cataluña. En el auto de suspensión, al que ha tenido acceso La Información, los magistrados exigen a la compañía que dirige Josu Jon Imaz que aporte una garantía, en forma de aval bancario, por un importe equivalente a la sanción dictada por la CNMC en un plazo de dos meses desde la notificación del auto, fechado el pasado mes de junio.

La operación supuso la toma de control exclusivo sobre Petrocat por parte de Repsol, que ya controlaba un 45% de la empresa catalana. La compañía que preside Antonio Brufau adquirió otro 45% del capital propiedad de Cepsa. El 10% restante se mantuvo en manos del Institut Catala d'Energia, organismo público dependiente de la Generalitat de Cataluña. Al cierre de 2021, la participación de Repsol en la Societat Catalana de Petrolis (matriz de la antigua Petrocat) asciende al 92,66%.

El organismo regulador, que entonces presidía José María Marín Quemada, autorizó la adquisición de Petrocat por parte de Repsol en marzo de 2014, tras aprobar la lista de compromisos presentados por el comprador. Cuatro años más tarde, el supervisor que ahora preside Cani Fernández abrió un expediente sancionador contra el grupo que capitanea Imaz por posible incumplimiento de una de las 'cláusulas' del acuerdo. Competencia emitió su dictamen en abril de 2021

En su expediente, la CNMC alertó de uno de los puntos del acuerdo. Se trata del compromiso que formalizó Repsol de aplicar un aprovisionamiento mínimo por otros operadores distintos del propio grupo en las gasolinas y gasóleos de la red de estaciones de servicio bajo el paraguas de Petrocat. El regulador impuso esta condición para limitar el fortalecimiento vertical de la compradora, así como para evitar posible cierre de mercado a otros suministradores.

No fue el único requisito al que se adhirió Repsol. Competencia obligó a la petrolera a vender de 23 gasolineras de la red de Petrocat, la mayoría de ellas situadas en Barcelona. Finalmente, Repsol incorporó en su perímetro 38 estaciones de servicio, si bien en 14 de las cuales ya eran de su propiedad, aunque antes de la transacción las gestionaba de manera independiente la propia Petrocat.

El regulador entonces presidido por José María Marín Quemada obligó a Repsol a vender 23 estaciones de servicio de la red de Petrocat para autorizar la operación

La medida cautelar aceptada por la sección 6 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional supone la suspensión de la ejecución de la sanción, pero no entra a valorar el fondo del asunto. De hecho, el tribunal acepta los argumentos de la compañía y asume que, desde el punto de vista del valor preventivo que se le atribuye a las multas de Competencia, dado que la resolución recurrida es pública -"y ha venido acompañada de una nota de prensa de la propia CNMC"- la reputación y la imagen pública de Repsol ya habrían sufrido por este expediente. 

"La inmediata ejecutividad de la sanción no añade nada a los efectos disuasorios para terceros", zanjan los magistrados. Además, concluyen que la resolución de la multa "no supone ningún incentivo" para subsanar la falta, dado que el citado incumplimiento se produjo en 2015 y se solventó en 2016 para un periodo de cuatro años, tal y como acreditó la compañía al arrancar el expediente sancionador.

En sus alegaciones, Repsol apunta al golpe que asestó a la compañía el parón de la movilidad durante la pandemia, que se saldó con pérdidas por importe de 3.289 millones de euros para la energética en 2020. El grupo asegura que, en este contexto, la ejecución de la sentencia tendría un impacto "perjudicial y cumulativo" que afectaría al equilibrio financiero de la compañía. La empresa, no obstante, ha superado con creces los números rojos agravados por la crisis sanitaria. En 2021, año en que la CNMC le impuso la citada multa, Repsol registró un beneficio neto de 2.499 millones, lo que le ha permitido impulsar el dividendo por encima de lo previsto.

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