La Audiencia Nacional ha decidido suspender de forma cautelar la sanción interpuesta en el mes de julio de 2022 por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Dragados, filial de ACS. La sanción se traducía en el pago de una multa de 57,1 millones de euros y la prohibición de contratar con la Administración Pública, según recoge la sentencia consultada por Europa Press.
Esta sanción formaba parte de una multa global de 203,6 millones de euros interpuesta a las principales constructoras del país, Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr, por supuestamente haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
Todas las empresas recurrieron la multa ante la Audiencia Nacional y todas han obtenido ya las cautelares, lo que supone suspender temporalmente las multas de Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHLA (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).
A diferencia de FCC, todas las demás también obtuvieron la medida cautelar de suspender la prohibición de contratar interpuesta por el regulador. En el caso de esta compañía, al menos en este recurso en particular, no solicitó la suspensión de esta prohibición, por lo que el tribunal no tuvo que fallar sobre este asunto.
Perjuicio económico en sus cuentas
En su escrito, Dragados alega que la CNMC no ha demostrado que se produjera lo que denuncia y considera que el cálculo del importe de la sanción no fue debidamente motivado, señalando, en todo caso, que se trata de una cuantía "arbitraria y desproporcionada".
Asimismo, defiende que si tuviera que hacer frente al pago inmediato de la sanción, su fondo de maniobra, que representa la capacidad de la empresa para continuar con el desarrollo normal de sus actividades en el corto plazo, sufriría una caída de casi el 420% y su ratio de tesorería se vería reducido en casi un 24%.
También admite que presenta "un alto grado de endeudamiento", por lo que el pago de la multa impuesta lo incrementaría al necesitar más financiación ajena para poder hacer frente a la sanción, pues gran parte de los recursos de la compañía están ya comprometidos.
En cualquier caso, se trata de una suspensión cautelar que también se condiciona a que la compañía presente una garantía en forma de aval bancario u otra similar por el mismo importe de la multa, que asegure el pago y con ello la indemnidad del erario público y el interés general en caso de un pronunciamiento final desestimatorio del recurso.
La CNMC destapó que, desde 1992, estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos, entre ellos hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.
