Avanza la batalla judicial de Red Eléctrica contra el golpe a sus ingresos aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En febrero de 2020, La compañía presentó un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional (AN) contra las dos circulares que establecen la retribución de la actividad regulada del operador del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. Tras el parón en los juzgados provocado por la crisis sanitaria, la AN ha reactivado el caso con vistas a resolver la cuestión el próximo año.
El último marco retributivo se ha traducido en un mordisco a los ingresos de REE en los últimos dos años. En 2021, la cifra de negocio del área de Gestión y operación de la infraestructura eléctrica nacional, el negocio regulado del grupo, cayó hasta los 1.609,7 millones de euros, un 1,6% menos que el ejercicio precedente. En 2020, año en que se empezaron a aplicar los anunciados ajustes retributivos, la división generó 1.668,3 millones, lo que supuso el primer bajonazo frente a los 1.806,9 millones que atesoró en 2019, justo antes del giro regulatorio. Es por ello que la empresa pública decidió elevar el caso ante la Audiencia Nacional.
El consejo de administración de Red Eléctrica decidió dar la batalla en los tribunales en pleno proceso de relevo en la cúpula del grupo. Jordi Sevilla acababa de presentar su dimisión como presidente de la compañía, en enero de 2020, en un clima de alta tensión con la ministra para la Transición Ecológia, Teresa Ribera. En el momento de su cese, en los mentideros del sector energético se llegó a especular con una intervención directa de la vicepresidenta tercera para evitar que REE recurriese las decisiones de la CNMC. El ministerio energético lo negó con rotundidad.
En el marco de esta pugna judicial, la compañía que preside Beatriz Corredor encargó un informe pericial que ya ha sido presentado ante la Audiencia Nacional, según distintas fuentes del sector. "El proceso se encuentra en fase de práctica de la prueba", señalan desde la empresa en conversaciones con este diario. Fuentes oficiales de Red Eléctrica han preferido no entrar en detalles sobre si ya se han presentado alegaciones o si los magistrados se hallan analizando el expediente.
Deloitte, consultora de cabecera de Red Eléctrica en cuestiones regulatorias, está asesorando a la empresa pública en este frente judicial contra el recorte a su retribución, según apuntan fuentes próximas al caso. La big four ha rechazado hacer comentarios ante las preguntas de La Información. La defensa de la CNMC la lleva la Abogacía del Estado, como es habitual en este tipo de procesos.
Todo apunta a que el eventual perjudicado por el fallo de la Audiencia recurrirá al Tribunal Supremo, lo que podría alargar el proceso otros dos años
El recurso de Red Eléctrica se dirige contra dos circulares, la 5/2019, que define el modelo retributivo para el transporte de electricidad, y la 7/2019, que establece la remuneración por la operación y mantenimiento de la red. Ambas están en vigor desde el 1 de enero de 2020. Se da la paradoja de que los dos marcos retributivos fueron ratificados por el Consejo de Estado, es decir, la compañía participada en un 20% por la Sepi ha llevado a la Audiencia una decisión que contó con el visto bueno del máximo órgano consultivo del Gobierno.
"Independientemente del resultado, la parte que resulte perjudicada por la decisión de la Audiencia recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo", asegura una fuente cercana a la demanda. Al igual que ocurrió con REE, la última revisión del citado sistema de retribución supuso un mordisco para los ingresos regulados de Enagás, gestor de la infraestructura gasista. La compañía que preside Antonio Llardén, sin embargo, optó por evitar un frente judicial contra el supervisor.
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