La 'auditoría verde' de Greenpeace delata ecopostureo en la gran empresa española

No se conoce demasiado y tampoco es que el mercado le preste mucha atención, pero además de reportar con todo lujo de detalles los pormenores de su información financiera anual las grandes empresas españolas tienen por ley la obligación de informar sobre otro tipo de cuestiones relacionadas con la forma en que se relacionan con su entorno: se les exige identificar los riesgos que su actividad puede generar y actuar para su prevención, reportar los resultados de las políticas puestas en marcha para minimizar esos riesgos e informar de los impactos negativos que se hayan podido causar...Y todo ello en relación a un conjunto de cuestiones que están perfectamente definidas tanto en la normativa europea como desde hace poco más de un año también en la española, y que tienen que ver con cuestiones ambientales (contaminación, uso sostenible de los recursos, cambio climático...), cuestiones sociales (empleo, igualdad y protección de la diversidad, formación, salud en el trabajo...), respeto a los derechos humanos o lucha contra la corrupción y el soborno.

Pasado un año de la entrada en vigor de la norma que obliga a las grandes empresas a informar sobre todas estas cuestiones dentro de los llamados Estados de Información no Financiera y con los primeros informes de sostenibilidad tras ese hito ya en la mano, Greenpeace ha querido testar el grado de cumplimiento de esas obligaciones por parte de un puñado de las principales empresas del país: en concreto, 23, entre las que hay una docena de Ibex 35 y algunas de las no cotizadas más potentes del país como Mercadona o El Corte Inglés. Lo ha hecho siguiendo con rigor el guión que marcan las obligaciones legales reflejadas en la norma, con la colaboración del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y a partir de más de 200 indicadores cualitativos para determinar si lo que las empresas cuentan en sus informes se está ejecutando en realidad o no.

El resultado de esta 'auditoría verde' es demoledor y cuestiona el compromiso de la gran empresa española con la sostenibilidad. Según el informe impulsado por Greenpeace, al que ha tenido acceso La Información y que se dará a conocer este miércoles, ni una sola de las 23 empresas analizadas cumple con las obligaciones estipuladas en la Ley 11/2018, el grado medio de cumplimiento ni siquiera alcanza a una tercera parte de éstas y en algunos aspectos, como el control de las emisiones contaminantes atmosféricas, acústicas o lumínicas o la medición del uso de recursos naturales, el desinterés es generalizado.

El diagnóstico de la auditoría realizada por la ONG apunta a que la gran empresa española ni evalúa adecuadamente el impacto de su actividad ni dispone de políticas orientadas a la reducción del mismo y a que la perspectiva del reporte de los estados de información no financiera es más comunicativo o propagandístico que de rendición de cuentas, deslizándose hacia lo que denomina como 'ecopostureo'.

Las cotizadas, las más concienciadas

El informe aflora importantes diferencias entre las empresas controladas. Para empezar revela un mayor compromiso con la rendición de cuentas en este ámbito por parte de las empresas cotizadas, frente a las no cotizadas; y de las más fiscalizadas por su potencial contaminante -las energéticas- frente a otros sectores como el financiero, el de la construcción o el de la gran distribución. Así Naturgy, Iberdrola, Endesa y Cepsa son las que acreditan un mayor grado de cumplimiento de las obligaciones en la normativa y las únicas que al menos cumplen con más de la mitad de las exigencias fijadas en la ley.

Greenpeace reconoce, en este sentido, la información modélica que proporciona Iberdrola de las medidas que adopta para preservar o restaurar la biodiversidad, un capítulo en el que también presentan un elevado grado de cumplimiento Repsol, Naturgy, Endesa o Eroski. En el lado negativo, otras diez empresas que no aportan información alguna sobre este aspecto.

Otras empresas que salen especialmente bien en algunos de los capítulos evaluados por la auditoría de Greenpeace son Inditex, en materia de economía circula y reporte de los procesos orientados a reducir el consumo de materias primas o minimizar la generación de residuos; El Corte Inglés, en el apartado de información sobre su consumo energético; Naturgy, en la información que aporta sobre su impacto sobre el cambio climático y sobre las emisiones de su cadena de suministro; y Cepsa, por su reporte de consumo de recursos básicos como el agua.

En la parte negativa, la nula información que una decena de empresas aporta sobre su impacto contaminante en el ámbito atmosférico, acústico y lumínico; y en materia de biodiversidad, y las lagunas que la ONG ha apreciado en otros campos como la medición del impacto sobre el cambio climático, las emisiones de la cadena de suministro de su actividad o el consumo del agua y otros recursos naturales. 

En el furgón de cola del compromiso empresarial con la sostenibilidad de la economía, el informe sitúa a las empresas cárnicas. Casa Tarradellas no cumple una sola de las exigencias de información de la normativa y el grado de cumplimiento de Campofrío o el Grupo Fuertes (El Pozo) es también mínimo. Las grandes aerolíneas españolas, Iberia y Air Europa, y los grandes del textil (Mango y Cortefiel) y el sector financiero (BBVA y Santander) tampoco superan la 'auditoría verde' de Greenpeace.

Un régimen sancionador para cambiar la cultura empresarial

La auditoría realizada por la ONG se ha encontrado con mucho compromiso genérico y mucha acción voluntaria, y poca información precisa, poca metodología y poco seguimiento de los avances conseguidos. La entidad destaca por ejemplo que muchas empresas se limitan a solventar el capítulo del impacto de su actividad sobre el medio ambiente informando sobre las emisiones contaminantes de sus sedes corporativas, obviando el impacto global de su actividad allí donde está. Greenpeace sitúa en el origen de esta situación la ausencia de un desarrollo reglamentario que concrete más las obligaciones de las empresas respecto al reporto de estados de información no financiera y reclama al Gobierno la implantación de un régimen sancionador para los casos en que las empresas incumplan los mínimos fijados en la norma.

La ONG también recomienda al Gobierno crear un órgano de control específico que se encargue de hacer el seguimiento del mayor o menor cumplimiento de esas obligaciones y también impulsar la figura del 'verificador independiente' para que audite la calidad de la información proporcionada, que según Greenpeace está muy desenfocada.