Levantar los peajes tendrá un precio. Hasta 150 trabajadores -la mitad de la plantilla- de Aumar, filial de Abertis, pueden quedarse en la calle tras la cesión al Estado de esta vía el próximo año. Así lo señala el sindicato Comisiones Obreras que se ha reunido con el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos para tratar este asunto. Pese a todo ello, este Expediente de Regulación de Empleo se encuentra dando sus primeros pasos y aún no existe un informe de la compañía al respecto, según ha podido confirmar La Información.
Y es que la apertura de las barreras que se producirá a medida que vayan venciendo las concesiones de las diferentes autopistas tendrán consecuencias directas sobre el empleo. En este caso, el resto de la plantilla se quedará, presumiblemente, realizando tareas de mantenimiento que según lo previsto -y tal y como ya ha ocurrido en la AP-1- será el contrato que se mantenga para las vías que reviertan al Estado.
Más allá de los trabajadores directos de Aumar -filial de Abertis en manos de Atlantia y ACS- también existen entre 500 y 600 trabajadores más vinculados a esta vía a través de empresas subcontratadas, según las cifras que manejan los propios sindicatos. "Dentro de estos empleados existen realidades distintas y habrá trabajos que se tengan que volver a contratar una vez que estén los pliegos de mantenimiento", señalan desde CCOO.
Desde el sindicato confirman que en los próximos días solicitarán a los trabajadores de Aumar el orden de prioridades (indemnización, recolocación o subrogación) con el fin de canalizar la voluntariedad establecida en convenio y lo tratado en la reunión en el Ministerio de Fomento.
Fuentes oficiales de Abertis confirman a este medio que han facilitado toda la información que les ha solicitado el Ministerio de Fomento de acuerdo con la Ley de protección de datos pero señalan no manejar datos concretos sobre el número de afectados de forma directa o indirecta una vez que se levanten las barreras.
Lo que está claro es que según se ocurrió con la reversión de la AP-1 hace solo unos meses parece que los plazos de negociación se agotarán y los tira y afloja continuarán hasta el último minuto. La concesión del tramo de la AP-7 que conecta Tarragona con Alicante y de la AP-4 en la unión entre Sevilla y Cádiz termina el próximo 31 de diciembre y para entonces tendrá que estar solucionado.
La apertura de barreras que promueve el Ministerio de Fomento hasta que existan unas normas claras sobre cómo se van a financiar estas vías ha instalado la inseguridad en el sector concesional. Muchas de las compañías de este ámbito han intentado salvarse y renovar el contrato de gestión de estas vías pero ninguna lo ha conseguido.Tanto desde el actual Ministerio de Fomento como desde el anterior del PP, han sido claros: no habrá renovación automática, por lo que desde el sector apuntan a un "largo periodo de inseguridad".
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