Un auto 'confuso' contra Repsol y Caixa que resucita la incertidumbre en el Ibex

Nadie esperaba en el entorno de la Audiencia Nacional que la Sala de lo Penal echara por tierra dos años de trabajo del juez García Castellón y decidiera reabrir la causa contra Repsol, Caixa y sus dos máximos responsables dentro del 'caso Villarejo'. Más allá del mazazo que esta decisión judicial supone para el trabajo del juez y para las dos empresas implicadas, fuentes jurídicas cercanas al caso advierten que la "vuelta al punto de partida" que supone resucita la incertidumbre que se generaba en las empresas del Ibex ante procesos en las que están encausadas por responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los fundamentos que García Castellón marcó para evitar un daño reputacional excesivo y delimitar la responsabilidad objetiva de los presidentes de las grandes compañías, que no se puede extender a todos y cada uno de los niveles jerárquicos en los que opera, se adoptaron como referencia en muchos casos dentro y fuera del sumario de Villarejo, y ahora han quedado en el aire.

En un vistazo detenido de los 45 folios del auto en el que se ordena seguir con las pesquisas, llama la atención como el tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara rechaza todas las peticiones de los recurrentes -Anticorrupción, Del Rivero y Podemos- por defectos de forma en lo que a Isidro Fainé y Antonio Brufau se refiere, incluso llega a admitir como válidas las conclusiones de García Castellón sobre que no ha habido pruebas creíbles contra ellos en toda la investigación. El problema es que ese inicio de la ponencia no se corresponde con el final, donde se liquidan en apenas dos folios todos estos argumentos a favor para determinar que hay que reabrir el caso con los meros “indicios” de que los máximos responsables de las dos multinacionales “pudieron haber conocido” la contratación de Villarejo.

“Da la impresión de que han empezado escribiendo el auto de una manera y han acabado con otra radicalmente distinta”, comenta un letrado experto en este tipo de procesos que prefiere mantener el anonimato. Ni siquiera los abogados de una de las partes que presentaron el recurso se esperaban esta decisión, que les pilló por sorpresa.  Ahora, tras la orden de reabrir el caso admitiendo casi al pie de la letra sobre todo el planteamiento del escrito de acusación que presentó la Fiscalía Anticorrupción en el inicio de esta pieza, no queda otra que realizar las comparecencias que se considere que hagan falta y empezar de nuevo con todas las conclusiones, algo que ha caído como un mazado en los servicios jurídicos de las dos empresas investigadas, que confiaban en borrar este capítulo de su agenda lo antes posible.

Volver a cerrar o dejarlo pasar

Fuentes jurídicas consultadas en el área penal aseguran que el juez que instruye la causa tiene ahora dos opciones, sin saber cuál va a ser la que más convenga a las empresas afectadas. Por un lado, lo más lógico sería que García Castellón tomase declaración a los testigos que le ha ordenado la sala, responsables de 'compliance' y auditoría de las empresas, junto al autor del informe de KPMG que se presentó como prueba de parte por la petrolera, y resolviera con un nuevo archivo en los mismos términos en los que se ha hizo el anterior, pero más reforzado. Por otro lado, tras realizar las exigencias de la Sala, el juez puede dejar a todos los imputados como tales en un auto de transformación a procedimiento abreviado, de forma que sea la Sala quien finalmente les absuelva. 

No obstante, al reabrir la causa por exigencia sobre todo de la Fiscalía Anticorrupción, que fue quien cargó contra el magistrado cuando decidió su finalización, cabe la posibilidad de que se pidan más diligencias en aras a intentar volver sobre sus 'indicios' frente a los directivos y las empresas, lo que alargaría la investigación, en perjuicio de la reputación de las compañías afectadas. Si se ordena un segundo cierre de la instrucción, también cabe la posibilidad de que el juez Guevara, conocido en el ámbito judicial por ser siempre impredecible e incluso polémico, vuelva a ordenar la apertura si considera que no se han llegada a desmontar todos los "indicios" que la Fiscalía aduce desde el inicio de la causa, algo que tampoco sería bueno para las empresas y que dispararía la incertidumbre en el Ibex. 

Nueva deliberación

Esta no es la única decisión de la Sala que afectará a este caso. El tribunal que preside el magistrado Guevara tiene previsto el próximo 12 de febrero reunirse para deliberar los recursos presentados con la siguiente decisión que adoptó el juez García Castellón, después de archivar la investigación con respecto a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé. El pasado mes de septiembre, el instructor, en contra del criterio de Anticorrupción, puso fin a la instrucción de esta pieza 21 del 'caso Villarejo' y propuso juzgar por la contratación del comisario a los que fueran responsables del departamento de Seguridad de ambas compañías.

Es decir, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal -cuya resolución se prevé que se conozca días después- debe confirmar o revocar el cierre de la instrucción y el procesamiento de varios de los investigados, si bien en la práctica la reapertura del procedimiento tendrá efecto en el momento en el que el juez García Castellón asuma el mandato de volver a imputar a la petrolera, el banco y sus líderes, para seguir indagando en los indicios que existen sobre su participación y conocimiento del encargo que se hizo a Villarejo.