Martes, 25.06.2019 - 04:35 h
Están en juego 18.000 millones de peajes y cargos

Autoconsumo y estatuto eléctrico tensan el reparto de tareas de CNMC y Gobierno

Las consultas públicas para decidir cómo se parte la tarifa eléctrica sin provocar déficit llevan el debate hasta el mes de julio.

Equo pide a Industria que elimine el peaje al autoconsumo tras el informe de la CNE
Gobierno y CNMC se reparten la gestión de 18.000 millones de peajes y cargos. / L.I.

La tarifa eléctrica es la manta del sistema eléctrico. Una manta justita. Apenas da para que el frío del déficit no se cuele entre los ingresos y los gastos. Tras disputas y enfrentamientos, los encargados de cuidar de la manta son la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y el Gobierno. Competencia se ocupa de los peajes, 7.250 millones destinados a pagar los costes del transporte y la distribución, y el Gobierno de los cargos. Otros 10.600 millones para renovables, deuda y costes extrapeninsulares. Tiene que haber equilibrio. Y lo que hay de momento son preocupaciones. Las promesas de rebajas del Ministerio de Industria a la gran industria y el empuje de las renovables ponen a prueba el reparto de competencias entre el Ejecutivo y el supervisor.

Tanto el Ministerio de Transición Ecológica, encargado del área de energía, como la CNMC están en el proceso de someter a consulta pública sus propuestas de reparto para los peajes y los cargos. El proceso llevará semanas. Los técnicos de una y otra parte confrontarán allá por el mes de julio si sus respectivos repartos garantizan el equilibrio financiero del sistema. En el caso de la CNMC, se tendrá que ajustar a las orientaciones de política energética del Gobierno, entre ellas la lucha contra el cambio climático. Si hay diferencias, el decreto de reparto de competencias prevé la intervención de una comisión, denominada "de cooperación".

Tal y como van las cosas no parece descabellado pensar que la comisión va a tener trabajo. Así lo creen las fuentes consultadas. Industria está reelaborando el estatuto por el que la gran industria consumidora podrá reducir su factura eléctrica. La CNMC, al igual que Bruselas, cuestionó la primera redacción del llamado estatuto electrointensivo y tendrá que informar sobre el segundo. Su informe sobre el plan que, según la ministra Reyes Maroto, estará listo en cuestión de semanas, no es vinculante. Pero tendrá en cuenta cómo impactan -y sobre qué tipos de consumidores- las rebajas que apruebe Industria.

La cuestión es relativamente simple: si las grandes empresas e industrias pagan menos a la caja y la caja tiene que estar en equilibrio de ingresos y gastos, alguien tendrá que pagar más. O eso, o se admite que haya déficit. De la misma forma, tiene que encajar en la ecuación la promoción de las renovables y, sobre todo, el autoconsumo.

El reparto de las competencias y del dinero es complejo. En uso de sus competencias, el Gobierno tiene que distribuir entre los usuarios 10.600 millones en cargos: 7.000 millones para las renovables; 2.800 millones para hacer frente al pago de la deuda acumulada y el resto para retribuir a las compañías por los costes extrapeninsulares. Lo tiene que hacer según tipologías de consumidor.

Todo tiene que estar claro antes de fin de año. Se trata de decidir, en suma, si se mantiene el esquema que se ha aplicado hasta ahora: pocos cargos para los clientes con alta tensión (grandes empresas e industrias); cargos más altos para los clientes en media tensión y muy altos -en comparación- para los clientes de baja tensión. Estos son son la inmensa mayoría, hogares y pymes.

Cinco años de peajes congelados

No es una decisión fácil. La manta de la tarifa no alcanza. El Gobierno ha congelado las parte regulada del recibo para 2019 y prevé un déficit entre ingresos y gastos de 455 millones. Este año, el desfase se cubre con reservas, pero la situación no se puede perpetuar. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en octubre de 2018 medidas urgentes para contener la escalada de la factura eléctrica; rebajó en 40 millones la factura a las industrias vascas e impulsó el cambio de los hogares a tarifas de discriminación horaria, más baratas. Además, eliminó temporalmente el impuesto eléctrico.

La previsión para el año eléctrico en curso es esta: ingresos de 13.102 millones de euros ( 281 millones menos que en 2018)  y  costes de 18.000 millones frente a los 17.656 millones de 2018. En el ejercicio habrá más retribución a las redes de transporte y a las renovables. Los platillos de la balanza están en un equilibrio precario, pero no cabe la posibilidad de acumular deuda como se hizo en el pasado. Los usuarios todavía cargan con una pesada carga.

La deuda acumulada en el sistema eléctrico asciende a 18.851 millones de euros. Sumados los intereses, la factura a la que deben hacer frente los clientes eléctricos hasta 2028, el plazo pactado con la banca financiadora,  supera los 21.122 millones de euros. Es un 2% del PIB y un recordatorio de hasta dónde llegan las aguas cuando tras la improvisación llega la inundación.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios