La incorporación de autonómos afectados por la crisis y el estado de alarma al sistema de descuentos del bono social eléctrico ha elevado la cifra de beneficiarios a 1.324.000, según los datos que maneja el Ministerio de Transición Ecológica hasta el día 12 de junio. Desde la declaración del estado de alerta en marzo ha habido 10.000 solicitudes de autonómos para solicitar el bono por cese total de su actividad o por haber visto reducida su facturación en al menos un 75% como consecuencia de la Covid-19. El Gobierno abrió de forma excepcional el bono social a los autónomos tras la declaración del estado de alarma.
La hibernación prácticamente total de la economía desde el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, ha disparado las solicitudes del bono social, que facilita descuentos de entre el 25% y el 40% en la factura eléctrica a los consumidores considerados vulnerables o vulnerables severos. En tres meses, las solicitudes aumentaron en 35.300 nuevos usuarios, según los datos oficiales.
Fueron los más apurados, los que se vieron con la soga (económica) al cuello. Decenas de miles más aprovecharon las medidas extraordinarias que aprobaron el Gobierno y las empresas para aliviar las facturas. De acuerdo con los datos actualizados, durante el estado de alarma se han acogido a las medidas de flexibilización o suspensión de contratos de electricidad y de gas 143.000 autónomos y pymes. Para hacer frente al primer impacto de la pandemia, el Ejecutivo prohibió el corte de suministros básicos (electricidad, gas y agua) y, por primera vez también de telecomunicaciones a los hogares vulnerables.
En general, el Ejecutivo afrontó la pesadilla a tientas, sobre la marcha, algo que forzó rectificaciones. Así por ejemplo, el borrador del decreto que amplió el derecho al bono social eléctrico para los autónomos tuvo una redacción previa que incluía (artículo 28) "a los trabajadores por cuenta ajena afectados por ERES". Este punto desapareció en el último momento en la redacción final, según fuentes al tanto del proceso. El campo de posibles beneficiarios hubiera sido millonario. Un granero añadido al colectivo de 1,2 millones que disfrutaba de los descuentos de hasta el 25% del bono social en septiembre de 2019 .
El retorno gradual de la actividad económica, con la apertura de comercios y el fin de los ERTE sólo va aliviar un poco una situación preocupante, según las asociaciones que se ocupan de la pobreza energética. "Lo aprobado no es suficiente" explica la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), María Campuzano. En su opinión, las medidas no resuelven los problemas de quienes ya estaban en mala posición. Y que son muchos. Incluso en tiempos de bonanza, la pobreza energética nunca ha dejado de estar presente. En 2018, más de un millón de personas tuvieron que recibir ayudas para poder utilizar energía eléctrica.
Cuatro millones afectados
Hasta el 8,3% de hogares sufre pobreza energética, es decir en torno a 1,5 millones (más de 4 millones de personas), según el estudio La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos, de María Teresa Costa-Campi, Elisenda Jové-Llopis y Elisa Trujillo-Baute elaborado de la Universitat de Barcelona. Para los colectivos más vulnerables, el bono social es el único flotador que evita un desplome aún mayor en la pobreza y la desigualdad.
El impacto de la pandemia no sólo ha puesto a prueba la agilidad de las empresas y de la Administración. En el sector eléctrico, con una historia de competencia relativamente reciente y en dos tiempos -leyes eléctricas de 1997 y de 2013-, se ha puesto a prueba también el proceso de liberalización. La razón, explican fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) es que, en una situación de desplome económico, con hogares y empresas en dificultades para pagar facturas, sólo las grandes compañías tradicionales -Endesa, Iberdrola, Repsol, Naturgy y EDP- tienen músculo suficiente para aguantar el impacto de la crisis.
Los impagos pueden poner contra las cuerdas a las pequeñas empresas comercializadoras, que están obligadas a mantener el suministro mientras dura la crisis y que, a menudo, trabajan con márgenes de beneficio muy pequeños para arañar clientes a las grandes compañías. La situación es delicada porque si se mantiene, puede ser un paso atrás para la competencia, admiten fuentes de la CNMC.
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