Las principales asociaciones de trabajadores autónomos vuelven a la carga para exigir al Gobierno más ayudas tras el verano, a pesar de que el actual plan de contingencia para el sector prevé quitas y prestaciones hasta el próximo 30 de septiembre, el mismo momento en el que se cierra la ventana para los ERTE en las empresas. En este sentido, colectivos como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) o la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) exigen "medidas urgentes" para paliar los efectos de la crisis, que ha impedido retomar su actividad a 280.000 trabajadores por cuenta propia, al tiempo que señalan la importancia de retomar las reuniones interministeriales para establecer nuevas acciones en los próximos meses.
El Gobierno aplica desde el pasado 1 de julio un paquete específico para el colectivo con ayudas a tres niveles: para todos los autónomos, una exoneración de la cuota (del 100% en julio, del 50% en agosto y del 25% en septiembre); una prestación extraordinaria para quienes hayan tenido que cesar su actividad (entre abril y junio); y una prestación ordinaria para quienes hayan perdido el 75% de su volumen de negocio. Sin embargo, Upta señala que el problema es que tres cuartas partes del sector más afectado, el del pequeño comercio, han perdido 'solo' entre el 40% y el 60% de sus ventas. Es decir, que no llegan a esa barrera del 75% para optar a la prestación ordinaria y tampoco se pueden permitir echar el cierre a un mes del fin la ayuda extraordinaria.
Por otra parte, este 31 de agosto solo 148.000 de autónomos en España han cobrado algún tipo de prestación, tal y como se extrae de los datos publicados por la Seguridad Social. En este sentido, la mayoría (más de 142.000) son ayudas por cese de actividad ordinario (caída de más del 75% de las ventas), que el Gobierno cifra en 660 euros que cotice por la base mínima, a la que hay que sumar el abono de la parte de la cuota correspondiente a contingencias comunes, por lo que el beneficio económico puede alcanzar los 930 euros mensuales. El principal escollo para acceder a la nueva prestación ordinaria es que se exige una antigüedad de 12 meses cotizados y excluye a los beneficiarios de tarifa plana, según Upta y ATA.
Más ayudas y por más tiempo que los ERTE
Pero, a pesar de esta nueva ofensiva de los autónomos para exigir más ayudas, lo cierto es que la implementación de una prestación extraordinaria más allá del 30 de septiembre a priori no es prioritaria para el Gobierno, puesto que el plan de contingencia puesto en marcha por la Seguridad Social el pasado junio ya prevé canalizar todas las ayudas económicas a través de la prestación ordinaria a partir del 1 del octubre. En concreto, remite al artículo 330 de la Ley de Seguridad Social, en el que se especifica que cualquier trabajador por cuenta ajena podrá solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad como hasta ahora, siempre que cumpla una serie de requisitos.
Porcentualmente, esto supone que los autónomos reciben más ayudas y por más tiempo que las empresas con los ERTE: de momento, este mecanismo solo estará vigente hasta el 30 de septiembre, como en el caso de las ayudas a los autónomos, pero sin posibilidad de prórroga por vía ordinaria, ya que se trata de un tipo de expediente de regulación temporal del empleo ligado exclusivamente a la condición de estado de alarma y que solo su aprobación en junio en el Congreso ha permitido prorrogarlos durante tres meses más.
De hecho, a partir de mediados de septiembre ni siquiera gozarían de la cobertura actual. Esto se debe a que la regulación actual establece que transcurridos seis meses del inicio del cobro de la prestación, esta se recorta inexorablemente. En concreto, desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) apuntan que el importe de la prestación durante los 180 primeros días se corresponde con el 70% de la base reguladora, pero a partir del día 181 pasa a ser del 50%. Una rebaja que afectará a todos los trabajadores que hayan permanecido en situación de ERTE desde que se activó el estado de alarma.
Por eso, el Gobierno ya trabaja para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre, en principio, hasta que acabe el año. Paralelamente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya está diseñando un plan permanente inspirado especialmente en el modelo alemán (conocido como 'Kurzarbeit'), una modalidad de jornada reducida en empresas con dificultades económicas en la que el Estado es el responsable de pagar temporalmente hasta dos tercios del salario al trabajador. La idea es que prevenir los despidos masivos y mantener en activo al trabajador al tiempo que se le forma.
En el caso de los autónomos, la prestación ordinaria por cese de actividad que podrán seguir solicitando más allá del 30 de septiembre ya persigue este mismo objetivo, pues uno de los requisitos es "acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo a través de las actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora" del trabajador. Sin embargo, para el colectivo resulta insuficiente y reclama más ayudas, a pesar de que no se declare un nuevo estado de alarma o de que el cierre de comercios no se baraje como opción en este momento.
