El nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la empresa pública Seittsa, sacará a licitación la reposición del asfalto en varios tramos de las autopistas quebradas de circunvalación de Madrid. Dos contratos que, sumados, rozan los 30 millones de euros y que servirán para ir restando dinero de la Responsabilidad Patrimonial del Estado en el proceso de liquidación de la sociedad concesionaria que gestionaba originalmente la vía.
Con la devolución de las vías quebradas al Estado, el entonces Ministerio de Fomento encargó a la empresa pública de ingeniería y consultoría Ineco una auditoría sobre el estado de los activos. Los resultados no fueron los mejores y reflejaron un déficit de inversión importante. Tanto fue así que se llegó a cifrar en más de 300 millones de euros la inversión necesaria para devolver las autopistas quebradas a lo que consideran en el sector una "puesta a cero".
Estas dos obras que saldrán a licitación en los próximos días serán las primeras de gran importancia que se llevan a cabo como consecuencia del citado informe. Así, y de acuerdo con la información enviada por Seitt, la compañía pública a través de la que se gestionan estos activos desde su devolución al Estado y entidad adjudicadora de las mismas, a la Plataforma de Contratación del Sector Público, se llevarán a cabo dos proyectos diferentes.
El primero de ellos tiene que ver con la rehabilitación, reposición y refuerzo de firmes en la M-50, la cuarta circunvalación de Madrid, en su tramo tres, que comprende casi treinta kilómetros. El importe del contrato para desarrollar esta obra es de 14,2 millones de euros, según la documentación enviada por la propia Seitt al citado portal. Pero se trata de un anuncio previo, la estatal aún no ha hecho públicos los requisitos técnicos que se exigirán a los interesados en la licitación.
El segundo es muy similar. En este caso se trata de un importe de 15,4 millones para la rehabilitación y reposición de firmes, señalización y balizamiento en la calzada derecha de la misma vía entre los puntos kilométricos 17 y 46, en concreto en un tramo asociado a la R-4. Estas obras también se realizarán como consecuencia del informe sobre el estado de las vías que se encargó a Ineco con su recepción.
Las citadas inversiones, y todas las que se llevarán a cabo como consecuencia del informe de Ineco, serán restadas de la cuantía final que se deba pagar como consecuencia de la RPA que exigen las antiguas concesionarias y sus acreedores, ya que deberían haberse hecho por parte de dichas empresas antes de su devolución. Se hará lo mismo con las expropiaciones pendientes de amortización y pagadas por la Administración por la construcción de estas vías.
Pero el cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración va para largo. El Gobierno cifraba en un máximo de 3.305 millones de euros la RPA que habrá que abonar por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción y no amortizadas a través de los peajes. A esta cantidad se sumaría el coste de modificaciones y obras adicionales que se acometieron en estas vías, pendiente de determinar.
Esta cantidad no fue suficiente para las compañías que habían sido concesionarias de las vías en un primer momento. ACS, Sacyr e Iberpistas (Abertis) recurrieron ante el Tribunal Supremo la metodología aprobada por el Gobierno para el cálculo de esta cantidad que se fijó, por última vez, el pasado mes de abril. Estas actuaciones se sumaron a las de Bankia, Globalvía y los fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas que ya lo habían hecho unos días antes.
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