Calviño exige que las firmas extranjeras con ayuda pública no 'invadan' España

Las ayudas públicas que están dando otros países europeos para que sus empresas salven la crisis del coronavirus traen de cabeza al Gobierno que presiona a Bruselas para que este tipo de operaciones se haga con tiento. Mientras tanto, la Comisión Europea vigila con lupa cada movimiento de los países miembros hacia sus compañías en este sentido e impone férreas condiciones a la hora de concederlas, pero desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez miran con recelo cualquier movimiento que pudiera ir en contra de la libre competencia y que implique la degradación de la posición de las empresas españolas. 

Más allá de las medidas comunes al conjunto de la Unión Europea, cada país ha lanzado en los últimos meses las suyas propias en función de la potencia económica de cada uno. Este hecho ha supuesto importantes descompensaciones en la respuesta que ha tenido cada Gobierno con respecto a los apoyos a sus empresas, lo que ha hecho saltar las alarmas. "Es imprescindible evitar que haya países que por su capacidad financiera puedan inyectar un volumen de recursos importante en empresas que estén compitiendo con otras que pueden no tener el mismo volumen de ayuda", decía este mismo jueves la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. 

Mira también

Calviño: "la reforma laboral se abordará en el momento adecuado y con diálogo"

En este sentido, España lleva semanas trabajando en Europa para evitar que estas ayudas puedan arrinconar a las empresas nacionales de ciertos sectores como el turístico, donde el mercado único cobra más relevancia si cabe. Y es que el sector que aporta más de un 13% al PIB nacional es el que mejor reúne estos ejemplos. Alemania, el país con más posibilidades en este sentido, inyectó a su aerolínea de cabecera, Lufthansa, 9.000 millones de euros a cambio de un 20% del capital. 

Por su parte, Francia hizo lo propio a través de un préstamo avalado en más del 90% por el Estado de un total de 7.000 millones de euros -4.000 en un préstamo privado con garantía pública del 90% y 3.000 millones más directamente del erario público- para su aerolínea de cabecera, Air France-KLM, cantidad que se completará con una cuantía extra que aportará Holanda. En cambio, la aerolínea de bandera española, Iberia, ha recibido un crédito con aval ICO al 70% de apenas 750 millones de euros, una parte muy pequeña si se tiene en cuenta la comparativa con el resto de sus competidoras. 

La naturaleza de este sector hace que todas las empresas de transporte aéreo sean directamente competidoras entre sí, lo que podría provocar alteraciones en el libre mercado y condicionar la operatividad de las firmas. Esto es precisamente lo que desde el Gobierno se quiere evitar, que las compañías españolas jueguen en desventaja con respecto a las de otros países con mayor potencia financiera, por lo que el Ejecutivo ha puesto la vista en los instrumentos creados por el Banco Europeo de Inversiones como solución inmediata. 

Pero el tema de las ayudas públicas y la diferencia entre países va más allá del sector turístico. Atendiendo a los últimos datos de la Comisión Europea fechados hace apenas una semana, este órgano había autorizado operaciones por valor de 2 billones de euros en ayudas directas o garantías al sector privado. De esta cantidad, solo un 4% habían ido a parar a España, siendo el cuarto país de la UE. En cabeza estaría Alemania, que copa el 47%, con gran músculo finaciero,  y en el segundo y tercer puesto, Italia y Francia, con un 18 y un 16%, respectivamente.

Bruselas debe asegurarse de que este tipo de ayudas -ya sea a través de la inversión directa o de garantías públicas- no crean una distorsión en el mercado único. Para llegar a este punto, la Comisión Europea ha modificado dos veces la idea inicial, abriendo cada vez más la mano a que cada país pueda dar un paso adelante en este sentido y aceptando incluso la renacionalización de algunas compañías. España está alerta para defender a sus empresas.