Asturias, Galicia y Cantabria frente a País Vasco y Cataluña. La aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, con ayudas para las empresas que más electricidad usan en sus procesos de producción, ha dividido el mapa autonómico. El nuevo estatuto prevé el reparto de alrededor de 300 millones de euros entre las empresas que demuestren un consumo anual de más de 1 gigavatio hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores a la solicitud de la ayuda. Tal condición eleva el número de beneficiarios a 600 empresas y dibuja un escenario difícil: menos dinero a repartir entre más candidatos. Las más afectadas son las grandes industrias asentadas en la cornisa cantábrica, que ya no cobrarán por aceptar desengancharse de la red -interrumpibilidad-. Por el contrario, según apuntan el Gobierno autonómico y los empresarios asturianos, las comunidades más beneficiadas serán el País Vasco y Cataluña.
Los cálculos elaborados por los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica para diseñar el nuevo estatuto han dado munición a las críticas. Las empresas que opten a las ayudas, deben consumir un mínimo anual y tienen que pertenecer a sectores industriales beneficiarios de apoyos en materia de energía y clima. Además, deberán consumir el 50% de la energía en horas valle. Con estos requisitos hay 600 potenciales beneficiarias, de las que 153 funcionan en Cataluña; 44 en el País Vasco; 31 en Galicia; 19 en Asturias y otras 19 en Madrid.
El enfado es grande. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) que preside Belarmino Feito sostiene que "Asturias y su industria se ha convertido en el tonto útil y en el paganini de la transición energética".Y no son solo los empresarios. En el Ejecutivo del Principado que preside el socialista Adrián Barbón, no ha sentado bien el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV en el Congreso para incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 una partida de 50 millones de euros para financiar un "Plan Renove Máquina Herramienta" que beneficia especialmente a un sector muy asentado en la comunidad vasca.
Compensaciones por el CO2
El dinero, incluido en la partida de "Reconversión y reindustrialización" saldrá de los fondos del Ministerio de Industria. En concreto, según la enmienda aprobada en la ponencia de Presupuestos del Congreso, 30 millones proceden de la partida de compensaciones por el CO2, 10 millones de los fondos de construcción naval y otros 10 de la empresa pública Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) dedicada al apoyo de pymes y autónomos.
Con el mapa autonómico dividido, los grandes consumidores de energía, con el apoyo de las comunidades más afectadas por la desindustrialización, presionan para enmendar el proyecto de ley de Cambio Climático -artículo 26.4- de forma que incluya que el 25% de la recaudación por derechos de emisión, 1.300 millones en 2019, se destinen a compensar a la industria. La clave son las subastas de CO2.
En su actual redacción, el proyecto de ley no asegura las ayudas. El artículo 26-4 de la norma establece que "los ingresos provenientes de las subastas de derechos de emisión -el CO2- serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética". Y detalla el reparto: 450 millones al menos para financiar los costes del sistema eléctrico relacionados con el fomento de las renovables "pudiendo destinarse el 30% de la cantidad total" a medidas con incidencia social provocados por la transición energética". Con tal redacción, señalan las fuentes consultadas, no queda claro a qué se destinará el resto del dinero recaudado en las subastas en el caso de que lo haya.
Derechos gratuitos
Todo se complica aún más con los cambios aprobados para la asignación gratuita de derechos de emisión a las empresas. El Gobierno aprobó a principios de diciembre un decreto que regula los ajustes de las asignaciones gratuitas en el periodo 2021-2030. Afecta a 1.000 empresas y según el Ejecutivo mejorará la coherencia entre la asignación gratuita de derechos y sus niveles de actividad reales. En suma, si hay un cambio significativo en el nivel de actividad, habrá ajustes en la asignación. Además, el decreto regula la devolución de derechos gratuitos en caso de haberse producido un exceso en la asignación gratuita transferida y la suspensión de la transferencia de derechos en determinados supuestos. Una sombra más para la industria.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, las reclamaciones de las grandes empresas e industrias no solo son causa desgaste político. La industria electrointensiva factura 107.000 millones de euros, emplea a 220.000 personas y supone un 12% del Producto Interior Bruto (PIB). Son datos a tener en cuenta en un contexto en el que se han ido reduciendo progresivamente las ayudas, más o menos declaradas, y en el que los precios de la electricidad para la gran empresa se han situado por encima de los de países competidores como Francia o Alemania.
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