No hay espacio para hacer la vista gorda con el contribuyente moroso. Las corporaciones locales vuelven a buscar firmas de recobro para recuperar tributos impagados. Lo intentaron en 2015 e, incluso, seleccionaron a cinco compañías especialistas, pero la contratación última del servicio fue residual por, entre otros factores, la dificultad para perseguir al mal pagador casi en época electoral y cuando la crisis enseñaba su peor cara al ciudadano. Con la mejora económica, los municipios se han decidido a reeditar la búsqueda de con la apertura de un concurso público a través de la Federación Española de Municipios de Provincias (FEMP).
La licitación se lanzó hace diez días y los interesados dispondrán hasta el próximo día 6 para presentar ofertas. Se lanza dentro de la ‘central de compras’ habilitada por la FEMP para abaratar la prestación a sus 7.360 entidades locales asociadas -incluye diputaciones, cabildos y consells insulares- al negociar las condiciones a granel, aunque es potestativo de los municipios suscribir o no el servicio. El contrato firmado en 2015 se topó, de hecho, con un desinterés con el que no han tropezado la mayoría de licitaciones marco facilitadas por la FEMP, a pesar de lo complejo que resultó su diseño hasta la redacción definitiva.
Subyace cierta idea de evitar a los funcionarios la enojosa labor de negociar un acuerdo de pago con el ciudadano, dejándola descansar en manos de especialistas. Pero más allá del potencial ‘desgaste’ encuentran, sobre todo, la oportunidad de subcontratar un servicio que requiere de una infraestructura, recursos y protocolos de actuación de los que carecen la mayoría de ayuntamientos, sin posibilidades de montar el engranaje y formar personal para una misión tan específica.
Según reza el pliego del contrato, el relanzamiento obedece a “la necesidad” planteada en distintas encuestas recibidas por la FEMP de sus asociados, lo que invita a pensar a una utilización más efectiva. La cuantía de tributos locales desatendidos es una incógnita que algunas estimaciones del mercado elevaron ya en 2015 a una cifra entre 1.300 y 9.000 millones de euros. Tomando de referencia la parte más baja de la horquilla y la optimista hipótesis de una recuperación total de deuda, el negocio en juego rozaría los 260 millones de euros.
El único tributo excluído del servicio son las sanciones de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, externalizadas desde hace años en un contrato similar. La prestación comprendería las facturas sin abonar vinculadas con impuestos sobre viviendas (IBI o basuras), plusvalías, de actividades económicas o de tracción mecánica. El servicio integral donde la misión del adjudicatario comprende desde poner en orden los papeles y crear las bases de datos, buscar soluciones para su abono a, en caso extremo, ayudar al municipio al embargo o reclamar la deuda en concursos de acreedores.
Los municipios, como hacen tradicionalmente la banca también para sus créditos morosos, contratarán para esta tarea firmas especialistas que buscan soluciones al deudor con la concesión de mayores plazos para atender su deuda, fraccionando el abono en cuotas que pueda asumir y, a menudo, también con el reconocimiento de quitas.
La formulación del contrato ha cambiado sustancialmente sobre la primera licitación, ya que reduce del 30 al 20% el precio máximo por que el pueden pujar y que no es otra cosa que el ingreso a percibir por la sociedad de recobro sobre la deuda efectivamente recuperada. Si el ente local lo requiere se remunerarán los expedientes fallidos con un 4% máximo y el 5% en caso de tener que gestionar concursos de acreedores. La duración se amplía de uno a dos años, con posibilidad de añadir otro ejercicio de prórroga. Por su parte, la entidad o entidades ganadoras deberán reintegrar a la FEMP un porcentaje de los tributos recaudados para cubrir cualquier gasto asociado al acuerdo marco (jurídicos, tecnológicos, etc).
¿Precio? Una comisión de éxito del 20%
El concurso se ha dividido en seis lotes agrupando las comunidades autónomas por proximidad. El mayor aglutina Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia -con 15,09 millones de habitantes-; seguido por Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla -9,67 millones censados-; y Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León -6,82 millones-. Completan la subasta el lote de Madrid y Castilla-La Mancha -8,57 millones-; La Rioja, Aragón, Navarra y País Vasco -3,54 millones- y Canarias -con 2,10 millones de habitantes-.
En la licitación original se impusieron el grupo nórdico Lindorff y los especialistas en gestión tributaria Servicios de Colaboración Integral (SCI), Coordinadora de Gestión de Ingresos (MGG), Gesmunpal y Martínez Centro de Gestión (MCG). En el mercado intuyen que podría interesar a los mismos adjudicatarios o, incluso, a empresas más pequeñas al abrir la mano la FEMP.
Una condición que, junto al momento económico-político, enfrió la suscripción del servicio es que se exigía a las sociedades tener personal en los municipios interesados para atender al cliente amenazando con convertir la prestación en antieconómica. La condición se ha dulcificado pero aún ahora demanda una atención personal al menos un día cada dos semanas y telefónica el resto de días.
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