Tras largas negociaciones y haber dejado atrás en la carrera por ITP a varios rivales, Bain Capital apura para conseguir los trámites administrativos que le permitan ser dueño de pleno derecho de la empresa española de motores. Para ello, el fondo con sede en Boston (Estados Unidos) ya ha contactado con las autoridades europeas para trasladarles el expediente de la operación, con el objetivo de obtener el plácet en el menor tiempo posible. Lo ha hecho sin tener todavía cerrado el consorcio para la compra ni las autorizaciones del Ministerio de Defensa y de Industria. No obstante, la primera reacción de la Comisión Europea ha sido positiva para Bain, pues ha colocado el expediente entre el listado de procedimientos simples y ha fijado un deadline provisional de aproximadamente un mes para tener algún tipo de respuesta.
La decisión del fondo de capital riesgo se produce semanas después de anunciar la ansiada y dilatada compra. La compañía recordó en su comunicado la importancia estratégica de ITP en el sector aeronáutico y defensa. La compañía vasca, hasta septiembre en manos de la firma británica Rolls Royce, es uno de los socios imprescindibles en proyectos como el Eurofighter y el FCAS. Presente en 16 instalaciones de distintos países (Reino Unido, México, Malta, India y Estados Unidos, además de España), cuenta con 4.000 empleados, la mayoría de ellos en el País Vasco. En su hoja de ruta, Bain tiene en mente varios puntos sobre los que apoyar su proyecto en ITP: aprovechar la recuperación de los viajes aéreos, multiplicar el número de clientes y mantener la inversión en defensa nacional, entre otros.
El expediente de la operación, que entró en las oficinas comunitarias el pasado 13 de octubre y no ha sido notificado todavía a través del boletín oficial, inicia ahora su fase de análisis. El plazo marcado por la propia comisión es inferior a un mes, lo que deja el próximo 11 de noviembre como último día para recibir una respuesta por parte de la Comisión. Desde el momento en que se notifica la operación, Bruselas dispone de 25 días hábiles para decidir si se aprueba en fase I (de manera sencilla) o si, por el contrario, se inicia una investigación pormenorizada (fase II).
Salvo cambio de parecer, la operación se va a tratar como un procedimiento simplificado, es decir, una supervisión a mayor velocidad por tratarse de un caso menos problemático para la competencia. Así lo ha hecho Bruselas en los últimos años con distintas compras de Bain, como la adquisición del fabricante japonés Hitachi Metals el pasado mes de septiembre. También para la toma de control de la distribuidora Digital Aftermarket, en cuya operación Bain participó de la mano del fondo soberano francés Caisse des Depots & Consignations (CDC), o para la firma de productos alimenticios Valeo Foods.
Bain ha enviado el expediente a Bruselas sin haber cerrado por completo el consorcio de socios españoles que le acompañarán en la compra. En un primer momento, quienes sí están en la operación son el brazo inversor de Javier Botín, JB Capital, y la empresa vasca SAPA, dedicada al material de defensa y perteneciente a la familia Aperribay. No obstante, ambos no alcanzan el 30% del capital que el fondo de capital riesgo está abierto a ceder a terceros. Se baraja la posibilidad de que empresas con vocación industrial como Sidenor -ya lo intentó en un primer momento- o empresarios vascos como Francisco Riberas, dueño de Gestamp, se sumen en los próximos meses. Fuentes consultadas por La Información insisten en que el plazo para adherirse sigue abierto hasta junio de 2022.
La notificación ante Europa llega con las autorizaciones nacionales en curso, pero sin estar amarradas. Bain, como recordó el Gobierno de España en un comunicado lanzado minutos después de notificar al mercado el acuerdo con Rolls, debe contar con el visto bueno de dos ministerios. Uno es el de Defensa y otro el de Industria, este último a través de la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX). El objetivo es "garantizar los intereses nacionales", en palabras del propio Ejecutivo. No hay que olvidar que la influencia del Gobierno se ha manifestado durante todo el proceso, hasta el punto de casi romper las negociaciones con los inversores extranjeros.
Segundo examen en cuatro años
No será la primera vez que Europa ponga la lupa sobre el cambio de manos de ITP. Cuando el fabricante de motores cambió de manos con la venta de Sener a la multinacional Rolls-Royce por 720 millones de euros, la Comisión Europea sí encontró posibles problemas de competencia. En aquella ocasión, pese a que la compañía consiguió finalmente la autorización comunitaria, se establecieron determinados requisitos como contraprestación.
La decisión estuvo sujeta a que Rolls-Royce eliminara un conflicto de intereses en relación con el consorcio europeo de fabricación de motores EPI, del que Rolls e ITP formaban parte junto a la aeronáutica alemana MTU Aero Engines y la francesa Safran. El motivo: EPI diseña y fabrica el motor que propulsa el Airbus A400M, que compite con el avión militar Lockheed Martin C-130J -conocido en la industria como Súper Hércules-, propulsado por un motor de Rolls-Royce. La Comisión tenía dudas en ese momento sobre la operación, debido a que la adquisición de ITP por parte de Rolls-Royce le habría permitido a este último conseguir mayor influencia en la toma de decisiones dentro del consorcio EPI en asuntos que afectan a su competitividad frente al Lockheed Martin C-130J.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios