El Banco Central Europeo 'recomendó' hace apenas unos días que se eliminasen los dividendos de las diferentes entidades comunitarias con cargo a los ejercicios de 2019 y 2020 en pro de mantener el capital y permitir otorgar liquidez a todos aquellos que lo necesiten como consecuencia de la crisis del coronavirus. Esta comunicación tuvo lugar el pasado día 27 de marzo, cuando la mayoría de los bancos españoles ya habían aprobado en sus respectivas juntas de accionistas esta retribución pero aún no lo habían ingresado a cuenta. Esta situación anómala les deja en tierra de nadie y fuentes jurídicas confirman a La Información que de retirarse estos dividendos ya aprobados en junta la banca se enfrentaría a una avalancha de demandas por insolvencia.
Para tratar de salvar esta situación, a última hora de la tarde de este jueves, Banco Santander emitió una comunicación a inversores a través de la CNMV en la que señalaba que retiraba el dividendo complementario con cargo a 2019 de 0,13 céntimos que tenía previsto pagar a sus accionistas este mes de abril. La entidad que preside Ana Botín, que celebra su junta de accionistas este mismo viernes, eliminaba así a última hora el punto del orden del día en el que se votaría la aplicación de resultados, aprovechando las modificaciones legislativas instadas por la CNMV y el Colegio de Registradores que se convirtieron en ley este miércoles.
Santander evitaba así cualquier consecuencia legal o regulatoria, pues más allá de una eventual retirada a posteriori de la celebración de la junta de accionistas de este derecho a los propietarios de sus títulos, el BCE había recrudecido sus palabras en las últimas horas con respecto a lo que sucedería a aquellas entidades que no siguiesen sus recomendaciones. En concreto, el responsable de la supervisión bancaria, Andrea Enria, aprovechó una carta enviada por el Banco de Inglaterra a las entidades bajo su supervisión-entre las que se encuentra Santander UK- para señalar que habría consecuencias. "Podemos tomar medidas legales coercitivas si fuera necesario", confirmó.
La entidad presidida por Botín consigue celebrando la junta sin aplicar resultados reservarse la posibilidad de repartir dividendo una vez que se valoren las consecuencias definitivas del Covid-19. Santander ya decidió hace una semana intentar resolver la problemática con el aplazamiento del dividendo con cargo a 2020 pero no ha sido suficiente. El banco cántabro se adelantó a los acontecimientos pero, al final, su medida constituía una solución a medias que no satisfacía los objetivos reputacionales que persiguen los reguladores para que las entidades financieras en Europa den sobrado ejemplo renunciando a todos los dividendos.
En diferente posición se queda, por ejemplo, Caixabank, que decidió postponer la reunión anual de sus accionistas y tendrá que eliminar el pago cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades de Frankfurt. La heredera de la antigua caja catalana tiene en plan mantener un dividendo de 0,7 euros frente a los 1,5 euros inicialmente previstos. Es muy factible que el banco que preside Jordi Gual tenga que seguir el camino del Banco Santander y anular toda la retribución a sus accionistas de 2019. De lo contrario supondría un cierto desaire a las recomendaciones del BCE.
El caso del BBVA
Sea como fuere, las entidades financieras españolas son las más adelantadas de todo Europa en lo que se refiere a las fechas de celebración de sus juntas, por lo que las medidas del BCE han pillado a muchas con el dividendo ya aprobado -hay que tener en cuenta que en otros países estas reuniones se celebran en el mes de junio-. Es el caso de BBVA, cuya junta fue, unida a la de Mapfre y Bankinter, una de las primeras en celebrarse en nuestro país, incluso antes de que se decretase el estado de alarma como consecuencia del coronavirus.
En dicho encuentro de accionistas, la entidad que preside Carlos Torres aprobó un dividendo de 0,16 euros cuyo pago se hará efectivo el próximo día 9 de abril. Este abono está todavía en tela de juicio pero e derecho de lo aprobado por los accionistas es, según fuentes jurídicas, irrevocable. Por tanto, si el banco diera marcha atrás tendría que enfrentarse a una avalancha de demandas por insolvencia. Además, hay que tener en cuenta que gran parte de los perceptores de los dividendos de los bancos españoles son minoritarios, por lo que serían los más débiles los perjudicados y rápidamente atraerían el interés de los abogados que de un tiempo a esta parte han convertido a las entidades financiero en su presa más codiciada.
El BCE justificaba la medida con el fin de reforzar los niveles de capital de la banca. "El capital conservado por abstenerse, tanto de la distribución de dividendos como de la recompra de acciones, también puede utilizarse para apoyar a los hogares, los pequeños empresas y sociedades prestatarias y/o absorber las pérdidas por las exposiciones existentes a dichos prestatarios", terminaba la comunicación. En cambio, el dinero que no se distribuirá en España apenas son 3.000 millones de euros, 900 millones de Caixabank -de momento la entidad no ha decidido eliminarlo, solo recortarlo a la mitad- y poco más de 2.000 millones de Santander, por lo que apenas tendrá repercusión.
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