'Operación Adriano': Los March y Crédit Agricole se unen en una nueva socimi

  • La entidad tiene estatuto de socimi, cuenta con varios pesos pesados del Ibex como consejeros y estará gestionada por Azora. 
Joaquín Ayuso García, presidente de Adriano Care.
Joaquín Ayuso García, presidente de Adriano Care.
Bankia

Banca March y Crédit Agricole se han lanzado a por uno de los mayores nichos de negocio del mercado inmobiliario nacional y han creado la socimi Adriano Care, dedicada íntegramente a los activos residenciales para mayores. En ella estarán como consejeros varios de los pesos pesados del Ibex 35 lo que le ha valido para tener una capacidad inversora de salida de unos 250 millones de euros, según señalan fuentes conocedoras a La Información.

La compañía está financiada por los fondos de 'private equity' de estas dos entidades pero será gestionada por Azora, la firma de Cóncha Osácar y Fernando Gumuzio. Adriano Care nace con la intención de hacerse un hueco en un importante mercado en expansión, el residencial para la tercera edad. La nueva sociedad contempla la adquisición de residencias geriátricas, viviendas adaptadas para la tercera edad y otros centros de atención a este colectivo, tal y como ellos mismos destacan. 

Para poder llevarlo a cabo, la compañía ha fichado como consejeros a varios de los pesos pesados del Ibex, entre los que destaca el presidente de la firma, Joaquín Ayuso García, según el Registro Mercantil. En concreto, la nueva cabeza visible de la socimi Adriano Care es también consejero de Bankia y Ferrovial, entre otros. A su lado como vicepresidente estará, según la misma fuente, el exconsejero de Isolux Francisco Rodríguez-Rey. 

Este sector ofrece unas perspectivas muy positivas con respecto a la evolución de rentabilidades, según expertos del sector, y los precios son atractivos en contraposición a otros tipos de activos, como las oficinas o el residencial, que han ido perdiendo fuelle con el paso de los años. Además, la naturaleza de este tipo de inmuebles permite firmar contratos de mayor duración y rentas más estables. 

Este nicho de negocio, junto con otros de los llamados activos alternativos, ha atraído ya a los inversores del mercado inmobiliario. En el último ejercicio, el de 2018, los alternativos recogieron una inversión de 576 millones de euros, cifra en la que no se incluyen las operaciones corporativas, según los datos de CBRE. Pero de acuerdo con la misma fuente, el aumento será aún mayor durante este 2019. La llegada de inversión -sobre todo extranjera- en este tipo de activos no es nueva, pero había sido residual hasta el pasado 2018.

Los números de rentabilidades se mueven desde el 5% en el que se situarían aquellos más estables -los que tienen que ver con salud y hospitalización- y el 7 u 8% de otros menos seguros. Por ello, los inversores institucionales han empezado a frotarse las manos con la entrada en este mercado y ya preparan cantidades millonarias, como la de Adriano Care, para lanzarse a por los activos. 

Adriano, una socimi

La sociedad se transformó hace unos meses al régimen fiscal de socimis y como tal, tiene la intención de cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil de Madrid, según señalan fuentes cercanas a la compañía a este medio. Entre otras cosas, estar incluida en este segmento lleva aparejadas varias ventajas a nivel fiscal además de la posibilidad de pertenecer a un apartado propio dentro del MAB. 

Este tipo de sociedades han crecido de forma exponencial en los últimos años al calor de la mejora paulatina del mercado inmobiliario. A nivel fiscal, estas firmas están exentas del pago de Impuesto de Sociedades, tienen bonificados hasta el 95% otros tributos como el de Actos Jurídicos Documentados  y Trasmisiones Patrimoniales, y también se ahorran otros de naturaleza municipal.

Por el contrario, están obligadas a repartir entre sus accionistas, al menos, el 80% de sus beneficios a través de dividendos. De esta forma son los accionistas los que tributan hasta un 25% por este hecho y no la propia compañía. Para poder acogerse a este régimen fiscal, además de salir a cotizar al mercado en un plazo máximo de dos años, están obligadas a dedicar el 80% de sus activos a inmuebles urbanos con el fin de arrendarlos y mantenerlos durante un periodo mínimo de explotación de tres años. 

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