A la espera de que el Gobierno tome una decisión sobre una posible prórroga del periodo de carencia de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que expira el próximo 1 de junio, la gran banca ha empezado a recelar del organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos. "El ICO no está siendo claro respecto al margen de maniobra con que contamos los bancos a la hora de negociar la refinanciación de las líneas de crédito con aval del Estado", señala una fuente del área de control de riesgos de una de las entidades que han concedido estas líneas de financiación ideadas para aliviar el impacto del gran parón a causa de la pandemia del coronavirus.
El problema lo tienen aquellas entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas, que el Gobierno aprobó el año pasado. Dicho documento fue configurado para coordinar la respuesta de los acreedores, a través de un marco común de renegociación para clientes suscritos a esta deuda antiCovid, que puso a disposición de la banca una serie de medidas de flexibilización de la financiación con aval público que los bancos pueden aplicar, a petición de sus prestatarios, sin perder la cobertura del ICO.
Precisamente, la falta de concreción del documento ha puesto en guardia al conjunto de entidades que suscribieron el documento, tensión que ha ido creciendo a medida que se acerca la fecha de vencimiento de los créditos de la pandemia. El pasado 13 de enero, la Secretaría General del Tesoro publicó el listado de entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas. Entre ellas se incluyen los principales bancos del panorama nacional y algunas referencias del mercado internacional, como el germano Deutsche Bank.
En los mentideros del sector financiero se alude a los créditos ICO como el "elefante en la habitación". La principal inquietud de la banca acreedora es la eventual pérdida de los avales públicos a causa de una deficiente interpretación del citado código. Es por ello que las entidades financieras adheridas al marco regulatorio reclaman directrices claras a dos meses de que expire el periodo de carencia.
Son varios los bancos que se han puesto en contacto con el ICO para solicitar una lectura más específica de los límites de las operaciones de refinanciación de los préstamos Covid. Según fuentes próximas a estas conversaciones, el organismo oficial está respondiendo a dichas consultas remitiéndose al mismo documento que suscita dudas al otro lado del teléfono. Consultado por este diario, José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, no ha dado ninguna explicación que, a día de hoy, permita aclarar la situación creada y resolver las supuestas imprecisiones que se achacan al Código de Buenas Prácticas.
Uno de los puntos que genera mayor confusión es la forma en que los bancos podrían estructurar una refinanciación en la que se tuvieran que pactar nuevas garantías. Las entidades dudan sobre qué porcentaje de estos nuevos fondos debería ir destinada a pagar al ICO y, ante las lagunas del documento oficial, temen que el ente público pueda realizar una interpretación alternativa a posteriori, lo que podría hacerles perder la garantía estatal, que en algunos asciende al 80% del principal.
En los corrillos del sector financiero han empezado a referirse a los créditos con aval del ICO como "el elefante en la habitación"
La banca se prepara para digerir un previsible aumento de la morosidad a partir de la primavera. Tanto las entidades financieras como las empresas que se acogieron a estas líneas de crédito, en su mayoría pymes, ven oportuno que el Gobierno vuelva a prorrogar este mecanismo de apoyo a la solvencia de las empresas españolas, sobre todo, después del revés que la guerra en Ucrania ha supuesto para algunos sectores económicos.
Se trata de una decisión que el Ejecutivo deberá consensuar con Bruselas, como ya ocurrió el pasado otoño, dado que, en un primer momento, el Gobierno puso en marcha la línea de créditos ICO de la mano de la Comisión Europea, con la que se fijó un periodo de carencia de un año y un plazo de amortización de los préstamos de un máximo de cinco años.
La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, negoció con las autoridades europeas nuevas condiciones. El plazo de carencia de los préstamos de la pandemia se extendió hasta el próximo 1 de junio, además, las empresas no tienen que devolver el principal hasta pasados 24 meses, previa solicitud del prestatario. Del mismo modo, se abrió la puerta a ampliar el plazo de amortización del crédito, margen que finalmente se fijó en diez años. A este balón de oxígeno se sumaron alrededor del 40% de los préstamos concedidos. Estas son, precisamente, las operaciones que más preocupan a los acreedores, preocupación que se agudiza según se aproxima el 1 de junio.
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