Las autoridades bolivianas anunciaron este martes que ejercerán "de la mejor manera" su defensa ante un arbitraje internacional solicitado por la española BBVA, en el proceso de traspaso de su gestora de pensiones en Bolivia a una entidad estatal. Por tanto, se une a la difícil situación que vive el banco en otro país como es Turquía, que atraviesa una gran crisis con una fuerte depreciación de la lira y un fuerte castigo de la cotización de su banco participado, Garanti.
La entidad financiera solicitó el arbitraje a través del denominado mecanismo complementario al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el marco de un acuerdo bilateral entre España y Bolivia.
El procurador del Estado boliviano, Pablo Menacho, en conferencia de prensa, explicó que Bolivia se retiró del convenio de este organismo del Banco Mundial con sede en Washington, que arbitra entre Estados o empresas. Por ello, la solicitud se presentó a través del mecanismo complementario, en virtud de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Bolivia.
El Estado boliviano contratará servicios jurídicos especializados "para defendernos de la mejor manera", aseveró el procurador. Menacho indicó que pese a la solicitud de mediación, ambas partes pueden seguir conversando y no se ha establecido un montante en la petición de la entidad española. Asimismo, subrayó que el Estado boliviano actuó acorde a la Constitución y las leyes del país en el proceso de traspaso de la administradora de fondos de pensiones de BBVA a una gestora estatal.
Por su parte, el ministro de Economía de Bolivia, Mario Guillén, advirtió de que la legislación en Bolivia impide operadores privados en el sector de pensiones, por lo que éstos deben ser transferidos al sector público. En este caso, "el precio que nos han solicitado ha sido excesivo", apuntó el ministro, sin precisar qué cantidad.
BBVA, en un comunicado, aseguró que colaboró "activamente" para que la gestora pública boliviana asumiera sus funciones. "A pesar de que la creación de la gestora pública se formalizó en 2015, en septiembre de 2017 el Gobierno pospuso el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2019", señaló la entidad. "Durante todo este tiempo, BBVA ha notificado en diversas ocasiones su voluntad de negociación con el gobierno de Bolivia, para un traspaso fluido y ordenado con el regulador y las autoridades", agregó.
La corporación financiera recalcó que "a pesar de la presentación de varias propuestas no ha sido posible el acercamiento de posturas en particular respecto a la valoración del negocio (...), por lo que BBVA ha decidido iniciar el proceso de arbitraje con el CIADI".
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