El desmoronamiento del Popular sorprendió en la calle, pero noqueó en muchos sentidos a reputados inversores con grandes patrimonios comprometidas en la entidad. Anchorage, la firma de capital riesgo neoyorquina con más de 27.000 millones bajo gestión, irrumpió en el banco el 9 de mayo y estaba dispuesta a jugar el rol de inversor ‘ancla’ en la macroampliación de capital que se preparaba por hasta 4.000 millones de euros. Su nombre es el último que sale a la luz junto al de Pimco y la fortuna chilena Luksic, interesados en redoblar apuesta con una operación que movía el mexicano Antonio del Valle.
El inversor y exconsejero, que lideró la rebelión en el consejo del banco detonante de la salida de Ángel Ron, reconoció en su denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la implicación personal en la búsqueda de inversores y que estaban dispuestos a poner 1.900 millones. Anchorage desvela que era uno de ellos en una demanda similar sin cifrar su interés, aunque sí justifica la apuesta y descubre que dio cuenta al mismo banco y a un gran inversor -en alusión a Del Valle-.
Conforme a dichos escritos, 1.300 millones podrían llegar de los inversores aztecas, 300 millones de la familia Luksic, había expectativas de atraer a Allianz y Crédit Mutuel, y conforme a 'El Mundo' Pimco pondría otros 300 millones. Los bancos de inversión Deutsche Bank y Barclays se habían comprometido a asegurar la macroampliación, si bien se considerada de máxima complejidad porque, entre otras razones, exigía casi aniquilar la participación de un accionariado cuyo voto era imprescindible para sacarla adelante.
La dificultad no ahuyentó a los grandes fondos, convencidos a sensu contrario del potencial de la inversión. Con Anchorage se repite además el extraño caso de Luksic. La acaudalada fortuna chilena desembarcó en el Popular entre abril y mayo con la compra de un 3% por 113 millones. El fondo de distressed neoyorquino comprometió 154,7 millones con la adquisición de títulos de deuda a partir del 9 mayo. ¿Qué le persuadió? Según detalla en la demanda que dirigió a Europa junto a los fondos Ronit Capital y Algebris, la oportunidad y que nada hacía presagiar el desenlace.
En abril, el Popular había abonado, como de costumbre, el cupón a las emisiones de deuda donde tomaría posiciones. “El hecho de que el BCE permitiera el pago de los cupones el 10 de abril de 2017 sugiere que confiaba en la capacidad del banco para reunir capital, vender activos y reducir los préstamos fallidos”, argumenta, aunque la cita que identifica como determinante será una reunión de la cúpula con inversores.
El 5 de mayo, el consejero delegado del Popular, Ignacio Sánchez Asiaín, y el director financiero, Miguel Escrig, declaran en conferencia telefónica con inversores “discusiones avanzadas” para desinvertir varios activos no estratégicos; que la franquicia en pymes era sólida; que “el banco no sentía ninguna presión, ya sea de los reguladores o del mercado", y que se había producido una salida de depósitos reconducida, relata.
Tras esa reunión concluyó que la actividad principal del banco “era rentable para apoyar sus esfuerzos para recaudar fondos” -empezó a invertir cuatro días después- y no había indicio alguno “de que corriera un riesgo inminente de fracaso”. De hecho, la principal línea argumental de la defensa de estos fondos en el TJUE para anular la decisión de la Junta de Resolución (JUR) es que su actuación fue “desproporcionada” y violó la normativa en numerosos aspectos, siendo el principal obviar la existencia de otras opciones privadas.
Cifra en hasta 5.000 millones el déficit
La existencia de una alternativa a la resolución habría evitado a bonistas y accionistas perder sus más de 3.000 millones en inversión. Los tres fondos y Pimco vieron volatilizarse 850 millones de esos quebrantos. Tras la demanda en la Corte de Luxemburgo, Anchorage acaba de abrir, esta vez junto a Pimco, otra vía en EEUU en un intento de acceder a la documentación secreta del caso. Sus escritos a tribunales de Europa y EEUU culpan al organismo dirigido por Elke König del colapso, al filtrar que estaba preparado para actuar si fracasaba la búsqueda de comprador, y de facilitar la adjudicación al Santander por solo un euro.
Un perito contratado por los fondos calcula que el Popular necesitaba entre 3.000 y 5.000 millones de capital: pudiendo captar hasta 4.000 millones en la mega ampliación y 1.250 millones adicionales en conversión de deuda. Dicho experto atribuye a la franquicia la capacidad de generar 1.200 millones de beneficio bruto anual una vez limpiado el ladrillo o el equivalente a arrojar una rentabilidad del 14%.
Pero lo cercena la resolución después de que el ritmo de salida de depósitos escalase desde 108 millones promedio en mayo a 2.000 millones en los primeros días de junio -las noticias sobre la vigilancia de la JUR datan del 23 y 31 de mayo-. “En los cuatro días laborales antes de la resolución, el total de salidas sumó un enorme 8.000 millones (...) El resultado fue una resolución innecesaria y destructiva de valor del banco con dramática consecuencias económicas para sus grupos de interés”, afirma. El escrito sostiene, de hecho, que el Santander captará 7.000 millones de euros en capital para asumir el déficit real y "crear reservas para pasivos por litigios”.
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