La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa que investiga la participación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en 11 sociedades inmobiliarias, lo que habría generado a la entidad unas pérdidas de 467 millones de euros por la imprudencia de su gestión, según el Banco de España.
En su escrito, la fiscal Belén Dorremochea así lo solicita a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela al considerar prescrito un posible delito de administración desleal por parte de los investigados, entre ellos antiguos miembros de la comisión de control de la caja y de su participada, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).
Si bien reconoce que en las operaciones "se aprecian evidentes indicios de actos abusivos al haberse concedido por parte de la CAM préstamos hipotecarios para adquisiciones de terrenos por un valor mucho más elevados de los reales", descarta un supuesto de apropiación indebida, que habría permitido ampliar el plazo de investigación.
La fiscal, que a finales del pasado año interesó el archivo del presunto desvío de fondos al Caribe por operaciones con el grupo Valfensal, adopta dicha postura después de que en enero el Banco de España aportara un informe en el que denunciaba un perjuicio de 467 millones consecuencia de que la CAM permitiera "que sus socios se lucraran con independencia del resultado del proyecto".
Iniciadas en 2015, las pesquisas se iniciaron a instancia del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que inyectó 5.249 millones de euros procedente de dinero público en la CAM antes de su venta al Sabadell y al que el documento del organismo regulador apunta como único perjudicado por el quebranto.
Los hechos que actualmente instruye la titular del juzgado central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, se centran en la financiación del suelo "muy por encima" del precio de adquisición originario pagado por el grupo promotor.
En concreto, se trata de once proyectos inmobiliarios en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que supusieron para la entidad una inversión de 594,2 millones y que generaron pérdidas por importe de 467 millones (el 78 %), de los cuales 405,6 millones son irreversibles.
Unas cifras que, critica el último informe del Banco de España, "reflejan la calidad de la gestión realizada (...) con el agravante de que los socios obtuvieron un lucro injustificado teniendo en cuenta que todos resultaron fallidos".
El inspector del organismo detalla además la operativa seguida, en virtud de la cual el socio le vendía a la sociedad que tenía constituida con la CAM el suelo a desarrollar, "a un precio notoriamente superior al de coste" que era satisfecho mediante un préstamo concedido por la propia entidad.
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