Miércoles, 15.08.2018 - 08:51 h
Malestar entre los afectados

El juez Andreu abre la caja de los truenos al amparar el secreto del BCE en Popular

Abogados de inversores perjudicados prevén un alud de recursos contra la pieza iniciada para investigar su supervisión y crisis de liquidez bajo llave

La Audiencia Nacional admite el recurso de OCU contra la resolución del FROB sobre el Banco Popular
La Audiencia Nacional ha decidido investigar en privado los datos claves sobre el colapso del banco por la sangría de liquidez aportados por el BCE/ EP

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha levantado ampollas entre los perjudicados con la caída del Popular al aceptar investigar en secreto los informes aportados por el Banco Central Europeo (BCE). Aún cuando la decisión sigue la recomendación emitida por la Fiscalía Anticorrupción, varios letrados consultados auguran una avalancha de peticiones en contra de una medida atípica y que entienden provoca indefensión para sus clientes al impedirles el acceso a datos críticos en la caída del sexto banco nacional.

En círculos jurídicos se apunta a este tipo de prevenciones como más propias de casos criminales, donde es necesario garantizar la protección de testigos con declaraciones e investigaciones restringidas y confidenciales, que en causas con miles de perjudicados por el colapso de una compañía. La sorpresa surge porque limita su acceso a los pasajes claves en el progresivo deterioro y caída de la entidad, como son los trabajos de vigilancia del organismo supervisor y la hemorragia de fondos, con la consiguiente gestión de la liquidez, que llevan meses demandando en distintas instancias.

De hecho, la única coincidencia en las versiones aportadas por los expresidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho; el actual presidente de la entidad Rodrigo Echenique; los responsables de organismos de supervisión -el exgobernador Luis María Linde y el subgobernador Javier Alonso-, y de las autoridades de resolución -Elke König, por la JUR, y Jaime Ponce por el Frob-, además de los informes desclasificados, es que el banco tuvo que ser intervenido al quedarse sin fondos porque era regulatoriamente solvente aunque dejaría de serlo de no adoptar pronto medidas drásticas.

Por derivada, queda la sospecha sobre si las herramientas de supervisión fueron suficientes para prevenir el problema a tiempo y, sobre todo, exigir o imponer una solución antes de que se enquistase, o supervisor y supervisado minimizaron el real problema. En el trance final, no hay claridad todavía sobre cómo fue la gestión cuando la entidad se tambaleaba por la sangría incontenible depósitos.

La decisión de Andreu es que los peritos judiciales cedidos por el Banco de España estudien los documentos aportados y determinen si son necesarios o útiles para la investigación del Tribunal y que pueden arrojar luz sobre todos esos puntos oscuros. Entre otros archivos, el organismo aporta informes sobre los trabajos de inspección, recomendaciones a la entidad para corregir el déficit de provisiones y su seguimiento desde el año 2012, cuando bajo la vigilancia aún del Banco de España la prueba de esfuerzo de Oliver Wyman afloró una carencia de capital que le llevó a su primera macroampliación -desde 2014 la supervisión corresponde al BCE-.

La expectativa de los abogados era que se permitiese su estudio aunque fuese de forma presencial en el propio complejo de la Audiencia Nacional. Una parte del enfado se deriva de la aceptación de veto exigido por el BCE, que entregó la información demandada por el magistrado en un 'pendrive' con el requerimiento de que no se divulgase para impedir que se incorpore a la base de datos accesible a todas las partes donde el juzgado va incorporando toda la información que se genera sobre el caso.

El BCE, como también la Junta Europea de Resolución (JUR), se niegan a publicar la información con el argumento de que su difusión podría dañar al sistema mismo de decisión de las autoridades, generando expectativas en el mercado cuando una entidad se muestre débil si se dan a conocer sus mecanismos de decisión y herramientas, e, incluso, perjudicar en última instancia al banco.

Los letrados consultados sostienen que el veto a la información clave impide a los perjudicados conocer qué pasó para ejercer con plenitud su derecho de defensa y depurar bien las responsabilidades entre exgestores o, en su caso, las autoridades que no ejercieron adecuadamente su papel para evitar la desaparición del Popular.

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