La ruptura del pacto nuclear con Irán por parte de Donald Trump amenaza inversiones de empresas españolas cercanas a los 4.000 millones de euros, refieren fuentes al corriente del problema. La ejecución de los proyectos está en el aire ante la imposibilidad de encontrar la necesaria financiación porque la banca se ha cerrado en banda a prestar por temor a las imprevisibles represalias de EEUU.
La firma del acuerdo nuclear en agosto de 2015 alentó la esperanza en una normalización de la economía del golfo Pérsico, con cierto efecto imán sobre inversores extranjeros. En el caso particular de España, el levantamiento de las sanciones despertó el interés de firmas de muy distinta índole desde ingenierías, siderurgias o ferroviarias; y otros sectores como el acero, construcción o auxiliar del gas y petróleo observaban el país de cara a una posible irrupción por su potencial e interés geoestratégico.
Algunas como Ibertest, especializada en sistemas de ensayo ferroviarios, Tubos Reunidos, Telepizza y Tubacex tienen en cartera ya millonarios contratos. Pero el escenario se complicó con la ruptura en mayo pasado del acuerdo nuclear por parte Trump con la que había amagado poco después de llegar a la Casa Blanca y que implicó la activación de las sanciones. El pasado día 1 la tensión escaló varios grados adicionales con su amenaza directa a cualquier empresa europea que haga negocios allí para poner contra las cuerdas el régimen de los ayatolás.
Si el simple amago inicial provocó que los proyectos se estancasen en los departamentos que examinan el riesgo en los bancos -españoles y no españoles-, la ruptura directamente frustra su financiación. Ninguna entidad se atreve a exponerse a represalias que en Estados Unidos son absolutamente imprevisibles ante la inexistencia de un régimen o tablas que establezca las cuantías. Se trata de un país acostumbrado además a fijar multas ejemplarizantes que en algunas ocasiones han puesto en riesgo hasta la viabilidad de las entidades financieras infractoras.
Un recuento de Boston Consulting Group elevaba a 321.000 millones las sanciones pactadas por los grandes bancos europeos y estadounidenses entre 2008 y 2017 con la justicia americana para poner fin a cientos de procesos abiertos por hipotecas basura, blanquear dinero, manipulaciones de tipos de interés, ventas irregulares de productos a clientes o por no aplicar el celo exigido en las transacciones con países vetados, como es el caso de Irán.
El problema empujó al exministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, a visitar Teherán el pasado mes de febrero para tratar de apaciguar la tensión y se entrevistó con la veintena de empresas españolas establecidas o con negocios en el país con intención de conocer al detalle la situación para buscar soluciones. Pero ha excedido la diplomacia nacional y apenas encuentran créditos en bancos, salvo quizá el caso de la entidad hispanoárabe Aresbank que no opera en Estados Unidos.
Esperanza en la Unión Europea
La expectativa descansa ahora en que Europa sea capaz de reconducir la situación como ocurrió en 2013. La Unión Europea, junto a China, Rusia, Reino Unido y EEUU, arrancaron entonces un compromiso de mayor transparencia por parte del régimen iraní sobre su programa nuclear que desembocaría dos años después en el pacto ahora roto.
La Comisión Europea se movilizó en mayo, temiendo lo peor, para proteger al empresariado del Viejo Continente. La carta es activar la ley de bloqueo creada en 1996 para proteger los intereses europeos de las sanciones económicas extraterritoriales. Se diseñó para hacer frente a los efectos de las penalizaciones contra Cuba, Libia e Irak, sin llegar a utilizarse realmente. Para su activación Bruselas debe adaptarla a fin de incluir las represalias anunciada por Trump a Teherán.
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