Cerco a la banca por los 'excesos' con la publicidad tras cientos de requerimientos

  • El supervisor exigirá mayor implicación al sector, así como dotarse de una política 'ad hoc' y con controles para proteger el interés del cliente
El Banco de España designa a dos peritos para averiguar si Popular incurrió en algún delito
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La publicidad es clave en la banca para establecer el primer contacto con potenciales clientes o seducir a los ya captados con otras prestaciones, generando expectativas. Si se descubre engañosa o errónea, el problema está servido y ocurre. El Banco de España quiere minimizar tales incidencias imponiendo una mayor involucración de las entidades y sus cúpulas, tras haber emitido cientos de requerimientos en los últimos años para que retirasen o rectificasen anuncios en prensa y en Internet.

En esta materia, las reglas dieron un giro total en 2010. Una orden ministerial suprimió la exigencia de que todos y cada unos de los anuncios y soportes comerciales tuviesen que ser aprobados por el organismo como ocurría desde 1989, en favor de establecer un marco de autorregulación. El examen previo restaba agilidad a las entidades en sus ofensivas comerciales con el riesgo de ver sus ideas en manos, incluso, de la competencia o no poder aprovechar bien las ventanas de oportunidad ya que el examen previo consumía días o semanas.

Con el cambio de paradigma se depositó la responsabilidad de conocer bien la ley y aplicarla a las entidades mientras que el organismo supervisor se ha mantenido vigilante con permanentes revisiones e inspecciones para verificar el adecuado seguimiento. Según dan cuenta sus informes anuales de Supervisión y Reclamación, en 2014 emitió 132 requerimientos para que las entidades sujetas a su control retiraran o rectificaran anuncios en prensa y en Internet, cifra que en 2015 escala a 197. El pasado año amaina pero manteniéndose aún en 113 escritos con requerimientos que incluyen hasta 326 solicitudes individuales. Algunos con peticiones de cambios en la información suministrada o retirada del comercial, otros quedan en recomendaciones.

En 2016 decidió una actuación supervisora a fondo sobre esta materia similar a la revisión de todos los departamentos de atención al cliente efectuado en otro momento. Revisó el registro interno de publicidad en las 312 entidades afectadas, la adecuación de las piezas publicitarias a dicha regulación y si existía una política apropiada de comunicación comercial, con sus procedimientos y controles. Su conclusión es que las  entidades deben reforzar la atención prestada a tal actividad, con una mejor coordinación entre las áreas de marketing y cumplimiento normativo, e involucración de los órganos de dirección “siendo imprescindible la existencia de planes de auditoría para su control”, tal y como conmina el organismo en su último informe de Supervisión.

Tras ese ejercicio de inspección y balance, se propone ahora actualizar la circular en la que el organismo puso negro sobre blanco sus nuevas competencias y obligaciones de las entidades a raíz de aquella orden ministerial de 2010. El texto sometido a consulta pública bascula sobre tres pilares: reforzar el control interno en las entidades y las pautas o principios generales a los que debe ajustarse la publicidad, y deja claro que los deberes obligan igualmente a las financieras y entidades de dinero electrónico -de pago, tarjetas, remesadoras, etc.- y no solo a bancos, pese a que las reformas normativas auspiciadas por Europa dejaban su obligatoriedad en cierto limbo.

A las entidades se les impondrán contar con una política de comunicación comercial en la que detallen los controles establecidos “para proteger los legítimos intereses de la clientela y gestionar los riesgos a los que puedan estar expuestos derivados de su actividad publicitaria”, reza el texto. Se infiere que tendrán que establecer de forma obligatoria sus procedimientos y controles como cualquier otra política o estrategia -de riesgo, de buen gobierno, etc.- frente a una demanda más difusa previa de que se dotasen de tal herramienta.

El organismo reforzará los criterios generales sobre el contenido y el formato de los mensajes publicitarios que dictó en la circular que actualiza, con redactados y conceptos más concretos y precisos para garantizar que los consumidores “disponen de información suficiente y veraz para fundamentar su decisión de contratación”. Algunos serán aclaraciones de conceptos que en estos ocho años han suscitado consultas o dudas, otros decaerán por obsoletos, pero la idea final es mejorar la norma para evitar malas prácticas publicitarias o erróneas.

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