Cuando inversores del Popular están a punto de asistir al primer aniversario de la resolución sin saber si el último informe de Deloitte abrirá la puerta a algún tipo de resarcimiento, la liquidación de Banco Madrid acaricia un final muy favorable. La desinversión de los activos va a permitir al administrador concursal devolver todo a más de 14.000 clientes, proveedores y empleados, y solo aplicar quitas de alrededor del 5% a apenas un puñado de los acreedores.
El mayor damnificado será el Fondo de Garantía de Depósitos que, junto a apenas ocho clientes -institucionales en su mayoría-, soportarán más del 66% de las pérdidas totales finales. La sociedad se convirtió en acreedor en sustitución de clientes cuando les abonó sus depósitos -cubre hasta 100.000 euros por cuenta y titular- por una cuantía global de alrededor de 127 millones de euros. El Fondo ha recogido de hecho en las cuentas de 2017 una provisión por valor de 6,5 millones en previsión de sufrir los descuentos estimados por el administrador concursal -rol que ejerce Legal y Económico junto a Data Concursal y la Agencia Tributaria-.
La filial de Banca Privada de Andorra (BPA) entró en proceso de liquidación a raiz en la primavera de 2015 por una inviabilidad sobrevenida cuando la intervención de la matriz cortó su acceso a la liquidez del Banco Central Europeo (BCE) bajo sospechas de blanqueo formuladas por un organismo similar al Sepblac en EEUU que poco después archivaría el expediente. En España, el juez declaró fortuito y no culpable el concurso eximiendo a los administradores de responsabilidad ante lo que entendió falta de pruebas sobre su uso para ayudar a blanquear fondos a clientes.
Sin embargo el banco colapsó y cuando el proceso de liquidación se activa atrapa 338,4 millones de euros de clientes y deudas con proveedores, empleados y con administración pública. Su abultado patrimonio, en su mayoría de activos fácilmente enajenables por cotizar en mercados secundarios, facilita la venta y el administrador concursal logró autorización del juez para anticipar un primer pago por el 50% del valor atrapado en julio de 2016 -unos 172 millones-.
Hace dos meses colocó los últimos inmuebles propiedad de la entidad -sucursales cuya subasta se había atascado en varios intentos por su distribución entre varias ciudades-, dando el pistoletazo a otro abono por el 25% de lo adeudado o cerca de 80 millones. Solo con ese pago y a falta de cerrar los últimos flecos del concurso para resolver la liquidación final, devolvía todo el dinero atrapado a 14.240 de los 15.226 acreedores censados; y casi otro millar recuperaba entre un 75% y el 99%. La última derrama elevará el censo, permitiendo recuperar aproximadamente el 95% de la cuantía pendiente a una base ya muy limitada de acreedores.
En los concursos de acreedores los pagos se efectúan al final del proceso cuando el administrador ha maximizado sus opciones con la venta del patrimonio íntegro y una vez satisfechos todos los costes inherentes al concurso. En este caso, el administrador ha conseguido acelerar la devolución con anticipos en dos fracciones por la buena hucha lograda con la desinversión de activos gracias a que el banco era muy solvente y por la singularidad del proceso ya que se trata del primer concurso en una entidad financiera y con ahorradores ‘atrapados’.
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