El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha señalado que una entidad de su tamaño estaría obligada a “repensarse” su estructura si se materializan ciertos cambios tributarios. Más en especial, en el caso de abolir la excepción por doble imposición que afectaría a las entidades más internacionales, como Banco Santander. Pese a que no lo ha reconocido abiertamente, sí ha señalado que la entidad debería estudiar la mejor manera de afianzar el mayor valor para el accionista, y eso incluye la salida de España. Además, Álvarez, para darle más intriga, ha remarcado que el Santander depende de una manera vital de sus filiales.
“Las multinacionales estarían en clara inferioridad frente a sus competidores si se elimina la doble imposición”, explicó durante la presentación de resultados de la firma. En el caso de Banco Santander, los dividendos que llegan de las filiales suponen cerca de 4.000 millones del beneficio de la entidad. Además, muchos de esos dividendos “ya han pagado una parte importante de impuestos”, matizó. “Nosotros pagamos más de un 40% de impuestos en Brasil. Si a dicha cantidad debemos restarle un segundo impuesto, afectaría a nuestros accionistas".
Los nuevos bandazos fiscales del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, han ocupado una parte importante en la rueda de prensa. Álvarez también ha querido subrfayar que la eliminación, o modificación, de los activos fiscales diferidos podrían poner en riesgo los factores de seguridad jurídica española frente a las empresas.
La entidad refleja que a lo largo de la crisis su volumen de crédito ha pasado de 1,8 a 1,3 billones, y muchos han generado pérdidas. El sistema fiscal español permite deducirse dichas pérdidas en año posteriores, mientras que en otro tipo de sistemas cuando se produce una pérdida en ese mismo año devuelven dinero. “Si en España se cambian ahora las reglas de juego, pondría en riesgo la seguridad jurídica de España” ha matizado Álvarez.
La integración de Banco Popular se iniciará en noviembre
Banco Santander iniciará la integración operativa de Banco Popular en noviembre, y culminará a mediados del 2019. "Estamos a la espera de recibir las autorizaciones para proceder a la integración legal, que debería ocurrir en septiembre y octubre, y estaremos preparados, a partir de noviembre, para empezar la integración operativa del banco", ha explicado Álvarez.
"En cuanto a personas, primero tenemos que hablar con los representantes de los trabajadores y, para oficinas, hay que hacer un análisis muy detallado que no está acabado, pero que estamos haciendo caso por caso para no generar disfunciones", apuntó.
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