El Banco Popular no quiere que en la investigación abierta en la Audiencia Nacional se personen como acusación particular clientes afectados por la quiebra del banco que no compraron acciones en la ampliación de capital de 2016.
La entidad considera que el juez instructor no debería permitir que los perjudicados por los hechos relacionados con la presunta manipulación de mercado figuren en la causa genérica porque, al no haber adquirido este producto, no pueden presentarse como “engañados” por el contenido del folleto de la emisión de valores.
Así lo explica la defensa del banco en un recurso presentado contra un auto del magistrado Fernando Andreu mediante el cual acordó la personación en la causa de una damnificada. En el escrito, al que ha tenido acceso La Información, la defensa del Banco Santander recuerda que la investigación penal se divide en dos piezas y que ambas tratan de hechos “tan distintos que resultan contradictorios”.
Esto es así porque el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, tras admitir a trámite diversas querellas penales sobre este asunto, separó la instrucción en dos partes: una relativa a la ampliación de capital de 2.505 millones de euros y otra sobre la presunta campaña de desprestigio que inició el banco a través de noticias falsas y que provocó la caída del valor de sus acciones.
Por lo tanto, y bajo la premisa defendida por el Popular, permitir que futuras acusaciones figuren en la causa general vulnera su derecho de defensa además de que, a su entender, carecen de legitimidad para ello porque no pueden alegar ser víctimas de esta operativa.
Estrategia de defensa
De esta forma, la entidad que acabó comprando el Santander por un euro perfila su estrategia de defensa, que pasa por desvincularse de todas aquellas operaciones de compra de acciones realizadas en el período previo y posterior a la ampliación y alega que, de archivarse la segunda pieza de la instrucción, todas las personas físicas y jurídicas que se hubieran personado como acusación por los hechos recogidos en esta parte seguirían figurando en la causa general, lo que provocaría “evidentes contradicciones procesales”.
Para reforzar su postura, el escrito recoge la decisión adoptada por el mismo instructor en el caso Bankia -cuyo juicio arranca el 26 de noviembre- que acordó que solo podían considerarse perjudicados los que adquirieron títulos hasta el 20 de julio de 2011, fecha del debut bursátil de la entidad que entonces presidía Rodrigo Rato.
Sin embargo los querellantes –que se dirigieron además contra los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho y los miembros del consejo de administración- sostienen que la quiebra del Popular se produce por hechos previos a los que ahora se investigan, esto es, que las incorrecciones en las cuentas anuales del Popular se produjeron no solo el año de la ampliación de capital sino en ejercicios anteriores.
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