BBVA celebra el 15 de marzo en Bilbao el siguiente hito relevante en su agenda financiera: su Junta General de Accionistas y el encuentro se prevé muy tenso a consecuencia del presunto espionaje masivo que realizó el excomisario José Manuel Villarejo a dirigentes empresariales y a altos cargos de las instituciones por encargo del banco para frenar el asalto de la constructora Sacyr en 2004 y 2005. Más si cabe porque aún no hay novedades sobre el asunto, al no haber concluido la investigación interna que se puso en marcha para esclarecer los hechos.
En el orden del día no figura mención específica al ‘caso Villarejo’, pero los accionistas sacarán a relucir el escándalo en sus intervenciones. El problema reside en que aún restan al menos dos meses para que PwC concluya el informe forense (‘forensic’) que le encargó Uría Menéndez para seguir el rastro del excomisario en el banco, según aseguran fuentes cercanas al entorno de BBVA. La consultora cuenta con un equipo de algo menos de 50 personas en la entidad financiera escudriñando sus servidores y correos electrónicos en búsqueda de cualquier ilícito penal que pudiera relacionar a Villarejo con el equipo gestor del banco, especialmente con su presidente de honor, Francisco González, pero hasta la fecha no se han obtenido conclusiones determinantes.
Carlos Torres, por tanto, deberá hacer frente a los reproches de sus accionistas sin poder ofrecer muchos datos sobre esta cuestión más allá de los concedidos durante la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2018, cita en la que el directivo salmantino salvó su primer ‘match ball’ contestando la mayoría de cuestiones planteadas, aunque se posicionó claramente a favor de la labor de González, su antecesor en el cargo de mayor responsabilidad de BBVA.
Ante las dudas sobre la buena gobernanza que despertó la polémica sobre las miles de escuchas telefónicas, y con la necesidad de generar confianza entre sus inversores y frenar la crisis reputacional que vive la entidad desde que se conocieron los supuestos hechos, el presidente de BBVA ordenó reforzar la investigación que hasta ese momento estaba efectuando Garrigues con la contratación de un segundo despacho de abogados, Uría Menéndez, que fue quien puso en marcha el rastreo de todas las comunicaciones y archivos informáticos, una labor que se encomendó a PwC.
No se adoptará ninguna decisión relacionada con el escándalo hasta que no concluya este proceso. Teniendo en cuenta los plazos del 'forensic', esto supone que la dirección actual del banco no moverá ficha, hasta, al menos, finales abril pese a que se han producido presiones de todo tipo para que se desarrolle con la máxima celeridad posible. Es previsible que no se encuentren indicios sobre actividades delictivas realizadas por Grupo Cenyt, la empresa de seguridad Villarejo, a instancias de BBVA, aunque el banco sí que tendrá que justificar los encargos correspondientes a las facturas que fueron pagadas a esta compañía.
Según las informaciones publicadas, Grupo Cenyt ingresó más de cinco millones de euros solo entre 2012 y 2017, aunque su relación con con la entidad es incluso anterior. Estos trabajos, en cualquier caso, serán vinculados a las labores desarrolladas por el antiguo jefe de Seguridad, Julio Corrochano -que abandonó el cargo la pasada primavera-, como parte de su propia función directiva. De hecho, el propio Torres ya comentó en su última aparición pública que la contratación de servicios de seguridad e inteligencia es una actividad "normal" para los bancos.
BBVA admite que las querellas pueden dañar su imagen y su patrimonio
El presidente de BBVA también dejó entrever que el banco tiene las bancos parcialmente atadas en este asunto. Dijo entonces que las pesquisas puestas en marcha se circunscriben únicamente al perímetro de la entidad, pasándole, de este modo, la pelota a la Justicia, que la que podrá "arrojar luz adicional" sobre presunto espionaje masivo, ya que su capacidad de actuación es mucho más amplia. "La Justicia puede entrar en ámbitos que nosotros no podemos. Nosotros solo tenemos acceso a la documentación que obra en poder del banco y no podemos investigar la información que no está en nuestro poder", explicó entonces.
El asunto está ya en la Audiencia Nacional, en manos del juez Manuel García Castellón, en una pieza separada del 'caso Tándem' que se denomina 'operación Trampa'. En el marco de estas pesquisas, el banco ya ha tenido que aportar al juzgado toda la documentación que obre en su poder sobre la relación que mantuvo con Villarejo entre 2005 y 2017. Además, es posible que la entidad o alguno de sus directivos resulte imputado después de la querella presentada por el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, junto a los exdirectivos José Domingo Ampuero y Vicente Benedito, o las que están preparando el exministro Miguel Sebastián y el expresidente de la CNMV Carlos Arenillas, lo que podría convertir la Junta de Accionistas del banco en un auténtico hervidero.
En sus cuentas anuales, el grupo explicó a los inversores que la interposición de este tipo de querellas podrían tener un "impacto negativo reputacional o económico" para el banco, aunque se vio incapaz de anticipar la duración, el resultado o las implicaciones para la entidad de las investigaciones que están realizando las autoridades judiciales. Sea como fuere, el procesamiento de González pondría seriamente en riesgo su presidencia de honor, así como nueve millones de euros en bonus, que que el banco le podría reclamar si se demuestran los hechos y su implicación en el 'caso Villarejo'. No obstante, el banquero gallego, hasta la fecha, ha defendido siempre su inocencia y se ha desvinculado en todo momento del supuesto espionaje masivo.
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