La inspección del Banco de España avisó ya en 2012 al Banco Popular de que al cierre del año anterior tenía un déficit de provisiones cercano a los 200 millones de euros sólo por la comercialización de swaps, contratos de cobertura para hacer frente a las variaciones de los tipos de interés.
El informe, emitido por la Dirección General de Supervisión, indica que dada la "severidad de tales operaciones", la cual era "muy superior a la del común de los riesgos crediticios", el Banco de España ya había requerido en marzo de 2010 que la entidad contara con provisiones de, al menos, el 25% de los saldos, aplicando "criterios de máxima prudencia".
Si los titulares de esos "swaps" lo eran además de otros productos crediticios que mereciesen ser calificados como "dudosos", la cobertura debería ser del 50% del importe, prosigue el documento al que ha tenido acceso Efe y que obra en el sumario de la causa penal que actualmente instruye la Audiencia Nacional.
Un mes después de presentar cuentas
Fechado el 6 de marzo de 2012, el documento fue firmado apenas un mes después de que el Popular presentara unas cuentas anuales que arrojaban ganancias de 479,6 millones de euros, el 18,6 % menos, después de dotar a provisiones 1.690 millones.
El que fuera presidente del banco, Ángel Ron, advirtió entonces de que "sostener a costa del contribuyente bancos zombis", incapaces de sobrevivir por sí mismos, era "lo último" que necesitaba el sector financiero español.
Asimismo, defendió la necesidad de que las entidades cumplieran con las dotaciones de provisiones que les fueran asignadas por el Banco de España, aunque siempre preservando la libre competencia.
Sobre estos estados contables a cierre de 2011, el texto del grupo de inspección del organismo, que prevé pérdidas potenciales de 839 millones para ese ejercicio, cifra en 194 millones de euros el déficit de cobertura de unas operaciones para las que eleva la necesidad de fondos hasta el 50 % en el caso de los renovados en el cuarto trimestre.
Un porcentaje que ascendería hasta el 75% para aquellos que hicieron lo propio durante el segundo trimestre de 2010, y al 100 % para los renovados antes del 1 de julio de 2011. Los datos revelan 28 millones en mora y 4 millones impagados por clientes minoristas; mientras que en los préstamos se incluyen seis operaciones renovadas en mora por 236 millones de euros, calificados por el Popular por 125 millones.
Sólo estos últimos acumularon, según el informe, un déficit de provisiones de 99 millones de euros al estimarse una pérdida del 100% para los calificados y del 25% para los no calificados.
Al margen de estos, el organismo detectó cuatro operaciones transformadas en préstamos por valor de 41 millones, "sin ninguna provisión y a las que se estima una necesidad del 25 % (10 millones de euros)", y otras ocho de estructurados por 57 millones, dadas de baja al pasar a préstamos fallidos.
Con el objetivo de fortalecer su balance y mejorar la solvencia y rentabilidad, el Popular anunció por sorpresa en mayo de 2012 una ampliación de capital de 2.500 millones para garantizar que el banco estuviera "fuerte y protegido ante cualquier eventualidad", operación de la que ahora también sospechan los inversores personados en las vías penales y civiles.
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