CaixaBank se encuentra muy pendiente de lo que pueda ocurrir el próximo 21 de diciembre en Cataluña, en las que los sociólogos empiezan a calificar como las elecciones más inciertas de la democracia. Si el resultado que sale de las urnas es similar al que depararon los comicios de 2015, la entidad barcelonesa no descarta protagonizar "un nuevo paso", según explican fuentes directivas internas. La situación en la empresa es de 'calma chicha' hasta dentro de dos jueves en el que los catalanes están llamados a acudir a los colegios electorales.
Una de las posibilidades que podría arrojar las elecciones sería que los independentistas repitieran la mayoría en escaños de la que han gozado en la pasada legislatura. Así, en el caso de que ERC, Junts per Catalunya y la CUP sumen los 68 escaños necesarios, la hoja de ruta del nuevo Govern será muy parecida a la que siguió el Ejecutivo de Puigdemont. Este escenario lo contemplan en la cúpula de CaixaBank, donde son conscientes de que si se repite un resultado similar la entidad tendría que tomar nuevas decisiones y alguna de ellas podría ser dolorosa. "Si hubiera una victoria independentista el 21-D habría que dar un nuevo paso", aseguran fuentes internas consultadas por La Información.
Pero, ¿qué "nuevo paso" podría dar CaixaBank en caso de que los independentistas retornaran al Govern? La compañía anunció que trasladaba su domicilio social y fiscal a Palma de Mallorca "en tanto se mantenga la situación política" en Cataluña. El siguiente movimiento sería una medida más drástica que sí generaría un enorme revuelo: el cambio de sede operativa y el abandono de las torres en la avenida Diagonal de la ciudad condal. En CaixaBank prefieren no aventurarse a la hora de hablar de futuros acontecimientos, pero no descartan realizar una operación parecida a la de Sabadell, cuyo presidente, Josep Oliú, pasa ahora media semana en Madrid.
No obstante, fuentes empresariales aseguran a La Información que la gran banca catalana espera que, en caso de que los independentistas revaliden su mayoría en el futuro Parlament, planteen una legislatura muy diferente a la de Puigdemont: "Habrá una legislatura larga; los independentistas saben que si ganan no están preparados para separarse de España, por lo que no tendrán ninguna prisa por hacer una Declaración Unilateral de Independencia (DUI)", añaden. Pronostican, por tanto, un periodo político más relajado y sin órdagos de por medio.
En la entidad presidida por Gonzalo Gortázar se encuentran satisfechos por la decisión que tomaron que trasladar el domicilio social a Valencia justo unas horas después del referéndum del 1 de octubre. "La empresa hizo lo que tenía que hacer y estamos muy contentos porque lo hicimos en el momento oportuno", aseguran. La decisión, en efecto, se tomó el día D y a la hora H, ni antes del polémico 1-O, porque hubieran dado alas a un proceso independentista al margen de la ley, ni después, ya que se hubiera puesto en riesgo el negocio.
Exactamente la misma decisión había tomado unas horas antes el Banco Sabadell, el primero que se movió de Cataluña, cuando descubrió la cantidad de órdenes de retirada de efectivo que estaban preparadas para ejecutarse tras el referéndum y tuvo que recurrir al BCE para garantizarse un colchón de liquidez adicional (del que no hizo uso finalmente). Ambas entidades justificaron su decisión para proteger los intereses de sus clientes, accionistas y empleados.
Ahora, en vísperas del 21 de diciembre, ni CaixaBank ni Sabadell están sufriendo retiradas de efectivo por tomar una decisión que fue un torpedo en la línea de flotación del independentismo. "Ya no hay clientes sacando dinero", confirman fuentes de ambas entidades. Los catalanes, por tanto, ya saben que las sedes sociales se han movido fuera de Cataluña y que, en definitiva, las dos compañías se encuentran al margen de la independencia.
Hay que recordar que el Gobierno facilitó a algunas empresas la posibilidad de cambiar de sede social si así lo decidían. Fue el llamado 'decreto Caixa' que posibilitó que la entidad catalana pudiera mudar ese domicilio a Valencia sin tener que someter el acuerdo a su aprobación en la junta de accionistas. Ahora solo es necesario el visto bueno del consejo de administración. La medida modificó la Ley de Sociedades de Capital y desde entonces más de 3.000 empresas han salido de Cataluña.
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