La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha decidido reactivar el proyecto de creación de un organismo independiente para revisar y supervisar de forma permanente la evolución de los riesgos que puedan afectar el normal funcionamiento del sector financiero doméstico.
No se trata de un proyecto nuevo. El por entonces gobernador del Banco de España, Luis María Linde, anunció el inicio de los trabajos para constituir una Autoridad Macroprudencial Española - siguiendo la terminología acuñada en Bruselas - allá por el año 2013, al compás del desarrollo de organismos similares, a instancias de la UE, en los principales países europeos.
Al contrario de lo que ocurrió en aquellos, en España la idea fue poco a poco olvidándose y terminó encallado ante la falta de interés del Gobierno por ponerla en marcha. Pero la nueva ministra de Economía ha decidido sacar adelante el largo inventario de compromisos pendientes con Europa que España ha acumulado en los últimos años. Y entre ellos, Calviño ha situado en un lugar prioritario la activación de este organismo, según ha anunciado este martes en la Comisión de Economía y Empresa durante su comparecencia para explicar los principales objetivos de su departamento.
Calviño ha anunciado la inmediata convocatoria del Comité de Estabilidad Financiera, "que no se reunía desde 2015", cómo se ha encargado de recordar y que reúne al Ministerio de Economía, el Banco de España y la CNMV, para reiniciar los trabajos de puesta en marcha de esta Autoridad Independiente, cuya principal tarea debe ser la supervisión permanente del sector financiero para la detección temprana de cualquier eventual riesgo o amenaza. El objetivo no es otro que evitar en la medida de lo posible que vuelva a ocurrir algo similar a lo sucedido entre 2008 y 2012 cuando a la crisis global se sumó la 'aparición' de desequilibrios en.los balances de buena parte del sector financiero.
Desbloqueo de 14 directivas
Calviño ha adelantado también que el Gobierno ya ha iniciado los trámites necesarios para sustanciar la transposición pendiente a la normativa española de hasta 14 directivas europeas que estaban pendientes y que amenazaban con convertirse en sanciones económicas al Reino de España.
La lista es larguísima: ley de mercado de valores, ley de prevención del blanqueo de capitales, ley de servicios de pago, ley de planes y fondos de pensiones, reglamento de la ley de cuentas de pago, la esperada ley de crédito inmobiliario o la de información no financiera están entre ellas.
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