El retraso en la regulación que diseñará el nuevo organigrama de los supervisores ha movido a Ciudadanos a buscar la fórmula para acelerar la entrada en vigor de un nuevo régimen de nombramientos. La formación naranja ha lanzado una Proposición de Ley (PL) para acabar con las designaciones políticas en favor de criterios profesionales, capacitaciones y meritocracia, y ya ha arrancado el apoyo del PP.
En esta PL, que actualmente se encuentra en fase de enmiendas, se busca garantizar la autonomía funcional de los organismos encargados de la regulación o supervisión, la coalición considerada fundamental para garantizar la independencia de sus altos cargos. En ella C's expone que en ocasiones algunos de los elegidos "carecían de los conocimientos y competencias mínimas que objetivamente serían exigibles para el desempeño de su cargo, habiendo sido el único mérito de muchos de ellos el poseer una trayectoria estrechamente vinculada al partido político que detentase el Gobierno en cada ocasión".
Con la intención de evitar que los candidatos propuestos careciesen de esos conocimientos y competencias mínimas exigibles o que el único mérito fuese su vinculación al partido del Gobierno, en 2015 ya se obligó por ley a que dichos postulantes acudiesen al Congreso para un 'examen' personal. Un filtro previo que, en opinión de Ciudadanos, resulta también insuficiente. Por ello plantean la creación de una Comisión Independiente de Nombramientos del Estado, que deberá decidir sobre el quién puede ocupar determinados cargos.
Así, lo que plantea C's -y que el PP ve con buenos ojos- es que tras la recepción de un informe previo, dicha comisión decida quién es el mejor candidato para ser el presidente del Consejo de Estado, los máximos responsables de la CNMC, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), del presidente, vicepresidente y vocales de la CNMV, de los principales cargos del Consejo de Seguridad Nuclear, así como de otros reguladores. La misma comisión elegirá al presidente del Consejo Económico y Social, de la Agencia EFE y al director de la Agencia Española de Protección de Datos.
La Comisión Independiente de Nombramientos del Estado estaría compuesta, si se aprueba la propuesta del partido naranja, por un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que la presidirá, por un consejero permanente de Estado, por el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por un catedrático de universidad que tenga reconocido el número máximo de sexenios de
investigación, por un juez o abogado general del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea a propuesta del Reino de España, y por un letrado de las Cortes que actuará como secretario. Serían elegidos por dos años sin posibilidad de prórroga.
Una vez que el candidato en cuestión supere el informe de idoneidad emitido por esta comisión se procedería a su comparecencia en el Parlamento y a su designación oficial. Este escrutinio no será necesario si dicha comisión independiente efectúa una selección previa, mediante concurso público de entre tres y cinco aspirantes “idóneos”, proponen. La propuesta, defienden, se asemeja al control establecido por el Tratado de la Unión Europea para las funciones de Juez y Abogado General del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la UE.
Un compromiso firmado
La reforma de los reguladores forma parte del compromiso del Gobierno con la coalición política liderada por Albert Rivera en su acuerdo de investidura (punto 12) para mejorar la arquitectura de la supervisión en el sector financiero y reforzar el rol de los organismos involucrados. Se llegó a elaborar un Anteproyecto de Ley con el objetivo de integrar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el organismo que vigila a los auditores (el ICAC) y segregar de la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, la función supervisora para que sea asumida una agencia autónoma, dejándole únicamente la tarea regulatoria. Una petición, esta última, sobre la dirección de Seguros largamente exigida por el FMI desde 2006.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se dividirá igualmente en dos y se creará una autoridad nueva para gestionar las reclamaciones de los clientes financieros que hoy acuden a las ventanillas de CNMV, Seguros o al Banco de España, según el plan inicial.
El problema es que este Anteproyecto de Ley se ha topado con un Parlamento colapsado por exceso de iniciativas, el trabajo derivado del pulso independentistas del Govern de Cataluña y normas que corren prisa, lo que hace temer que habrá que esperar hasta mediados del próximo año para su lanzamiento, según fuentes parlamentarias. Entre las normas que urgen figura la nueva ley hipotecaria, la trasposición de la directiva de pagos (PSD2) y la de instrumentos financieros MiFID -esta última entra en vigor en 2018-. Por este motivo Ciudadanos ha buscado el atajo de la Proposición de Ley para acelerar la reforma en las designaciones.
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