Los más de 300.000 accionistas y bonistas perjudicados con la resolución del Popular han encontrado un respaldo en el Defensor del Pueblo. El organismo pidió al Ministerio de Economía liderado por Luis de Guindos mediar para que el Santander articule una solución extrajudicial y tras toparse con su negativa, está decidido a llevar la misma demanda al departamento hoy liderado por Nadia Calviño. Su tesis es que se ha producido “indefensión” de los damnificados por falta de información y transparencia en la resolución, ofreciendo la entidad una imagen de solvencia irreal.
En una notificación remitida a uno de los afectados el organismo revela que la anterior Secretaría de Estado de Economía concluyó que no podía siguiera instar al Santander a valorar la idea porque “es una entidad de crédito privada” soberana para adoptar sus propias decisiones en esta materia y la resolución no le impone a compensar a los afectados.
El Defensor del Pueblo (cargo que ocupa Francisco Fernández Marugán), obligado por ley a articular cualquier recomendación a empresas a través del Gobierno, había denunciado desprotección de los afectados al demostrarse que la vigilancia y control preventivo de los supervisores (Banco de España y BCE) resultó “ineficaz para garantizar la transparencia y los derechos de los inversores”, al no descubrir y poner solución a los problemas que han acabado con la extinción del Popular.
El anterior gabinete de Economía niega tal indefensión porque los inversores que vieron desaparecer de la noche a la mañana 3.000 millones de euros en acciones y bonos tienen la posibilidad de recurrir la decisión de la Junta Europea de Resolución (aplicada a través del Frob, su brazo ejecutor español) e incluso ejercer su derecho a la “tutela efectiva” ante los tribunales si se sienten víctimas de mala comercialización en los valores que adquirieron.
“Toda vez que el Banco Santander no asumió ninguna obligación de compensación al tiempo de la adquisición de la entidad, no cabe que ningún organismo público le inste a adoptar mecanismo extrajudicial alguno”, refiere la secretaría de Estado del anterior Gobierno en la carta compartida por el Defensor del Pueblo con uno de los afectados que llevó el problema a su ventanilla.
El organismo prescribió, con éxito, un mecanismo similar en 2013 para compensar los quebrantos a los tenedores de participaciones preferentes en Bankia, CatalunyaBanc -hoy integrada en BBVA- o Novagalicia (Abanca). En aquel momento se articuló para evitar o agilizar las indemnizaciones que los tribunales estaban imponiendo a los clientes afectados, con la particularidad de que detrás había entidades con ayudas públicas y participadas por el Estado.
En el Popular reivindica desamparo del inversor en falta de información que le impidiese adivinar el problema o las consecuencias que se avecinaban porque la entidad ofrecía “una imagen de solvencia y solidez que generaba confianza en los inversiones”, atendiendo incluso el pago de los cupones de su deuda pese a ser el centro de especulaciones por las incertidumbres que le rodeaban sobre la salud de su balance y viabilidad.
Con intención de evitar una avalancha de demandas y retener a los miles de clientes enfadados tras perder sus ahorros en el Popular, el Santander les ofreció, sin embargo, un bono de compensación. Lo dirigió a accionistas que acudieron a la ampliación del Popular en 2016 y a bonistas particulares a cambio de renunciar a emprender acciones legales. Muchos tribunales han comenzado a dar la razón a los inversores que acudieron a dicha ampliación por considerar irreal la información financiera que suministró la entidad para captar 2.500 millones dentro de una estrategia que prometía para salvar de una vez el bache del ladrillo y asentar la viabilidad del banco.
El Santander no decidió ni ejecutó la resolución y solo se adjudicó el banco después de que el organismo dirigido por Elke König usase el dinero de los inversores para sanear su balance, pero sí heredó las compensaciones que se deriven de litigios legales. El mismo Santander estimó que de aquella ampliación podría derivarse un coste de 1.100 millones y su bono de fidelización resultó suscrito solo en el 77,9% del valor original. Fuera de tribunales, a los afectados aún les queda la posibilidad de que el mismo Fondo Único de Resolución asuma algún resarcimiento si el informe de Deloitte en manos de la JUR determina que hubiesen recibido mejor trato de llevar el banco a concurso de acreedores. Parece difícil si, como se ha filtrado, asignó a la entidad una valoración negativa de entre -23.000 millones y -34.100 millones en liquidación.
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