Jueves, 18.10.2018 - 09:59 h
Proceso para acceder a los papeles de la resolución

La cruzada del azteca Del Valle aprieta al Santander en EEUU, el 'flanco delicado'

Acudió al tribunal para lograr informes del Popular, en un país donde los procesos judiciales son imprevisibles y el banco encaró enmiendas de la Fed

Santander busca ahorrar 100 millones en EEUU con su retorno a la normalidad
El Santander se ha 

El pulso al Santander del grupo de inversores mexicanos del Popular capitaneados por su exconsejero, Antonio del Valle, en Estados Unidos  tiene más aristas de las que aparenta. Como iniciativa legal buscan sacar a la luz papeles confidenciales sobre la resolución de la entidad, aprovechando el conocido como proceso de ‘discovery’ existente allí y que permite reclamar documentos o pruebas testificales para un uso en juicios de otras jurisdicciones. No es demanda o querella contra el banco, pero sí le prieta en el que es, probablemente, el flanco más delicado.

“Del Valle está muy presionado. No ha perdido solo su dinero. Muchas familias y empresarios, muy poderoso de México, confiaron en él su patrimonio y le están presionando para que encuentre una solución”, refiere un alto ejecutivo financiero. “El Santander se ha armado hasta los dientes con bufetes muy fuertes, no quiere problemas en Estados Unidos”, afirma. ¿Y por qué la preocupación? “En Estados Unidos, un melón legal sabes cuándo lo abres y no cuando acaba ni cómo”, explica otro alto directivo de una firma inversora. El proceso, que ha sido secundado por los fondos Pimco y Anchorage, le desafía en un país donde “no es precisamente querido por el regulador”, concluye este observador.

La primera economía del mundo ha sido durante años el quebradero de cabeza del grupo cántabro. La Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) suspendió durante tres ejercicios sucesivos a su franquicia en los test de estrés, obligando al Santander a gastar elevados recursos en rediseñar la estructura. Salía airosa en la delicada prueba de solvencia, si bien veía deficiencias en los sistemas de control de riesgos y gobierno corporativo. Solventarlos implicó remodelar la estructura societaria y de gerencia con relevos en los cuadros de mandos de todas las sociedades que integraban la franquicia, organigrama y consejeros; con los costes económicos que eso comporta y de retraso en el tiempo por la complejidad de adaptación a los requerimientos de la Fed, con la que mantuvo un debate intenso por esta situación.

A la cuarta superó el test el año pasado, abriéndose la opción de cobrar un dividendo que el supervisor americano le tenía vetado repatriar hasta superar el examen. La presidenta del Santander, Ana Botín, calificó el aprobado como "un hito significativo y un importante paso hacia el crecimiento rentable en Estados Unidos". Se sacudió el problema y ahora con los gravosos trabajos finalizados, confía en ahorrar más de 100 millones anuales con los deberes resueltos y la nueva estructura.

En el banco no sienten preocupación por el proceso de ‘discovery’ y desligan la operativa bancaria y la relación con el supervisor de una iniciativa judicial a la que la defensa le ve corto recorrido. Su bufete ha pedido al juez rechazar la causa o no abrirla bajo el argumento de que carece de la presencia necesaria en EEUU para que le sea de aplicación una orden de ‘discovery’ y, sobre todo, alega que en aquel país no se encuentra la documentación requerida, sino en España donde ocurrió la operación con el Popular. Los letrados de Del Valle refutaron todas sus respuestas en el turno de réplica.

Al margen de argumentos, un indicador de que ambas partes van a jugar con fuerza la partida lo ofrece la suerte de expertos reclutados. El banco ha depositado su confianza en Hunton Andrews Kurth LLP, el macrobufete texano con un millar de abogados en nómina que presta asesoramiento a las empresas del Fortune 10 (Walmart, Exxon Mobil, Apple, Berkshire Hathaway, General Motors, Ford AT&T…). En el otro lado figura Kirkland & Ellis, despacho legal estadounidense contratado por el grupo mexicano -el londinense Quinn Emmanuel defiende a los bonistas Pimco y Anchorage en un proceso gemelo en EEUU-.

El medio millar de inversores aztecas liderado por Del Valle han depositado sus esperanzas en dos fichas: negociar un buen acuerdo de salida del Santander en el banco BX+ y lograr que España les devuelva los 470 millones que perdieron en la resolución vía arbitraje internacional. Precisamente es para esta última iniciativa y su demanda contra la Junta Europea de Resolución (JUR) en Luxemburgo para la que acudieron a buscar documentación al Tribunal Federal del distrito Sur de Nueva York. Y es en esa misma causa donde los letrados del banco alertaron de que los  mexicanos “contravienen” las reglas de arbitraje al acudir a un tribunal sin agotar los seis meses de negociación de buena fe con España. 

Para dar respuesta a los letrados del banco, los inversores mexicanos han movilizado máximos recursos con el fichaje de tres peritos. Uno de ellos es Jan Paulsson, con más de 40 años de experiencia en arbitrajes internacionales que ocupa o ha ejercido la presidencia de las cortes de Arbitraje de Londres, París, y es miembro permanente en el órgano equivalente de La Haya y el de Singapur, además de ser experto del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID) del Banco Mundial. Su veredicto es que no solo cabe activar el ‘discovery’, sino que hasta ayudaría en el arbitraje.

La ficha de BX+

Con las espadas ahí en alto, el Santander y el inversor azteca deben además verse las caras para deshacer lazos en México. El Popular compró un 24,9% de BX+ filial del grupo financiero liderado por Antonio del Valle cuando éste irrumpió en su capital con la ampliación de 2014. Según el contrato firmado entonces el Popular podría revender la participación por la misma cuantía invertida -unos 97 millones de euros-, que el Santander quiere activar y los mexicanos se niegan a pagar con el argumento de que si el Popular le costó solo un euro -y ellos perdieron 470 millones-, el valor asignado a esa filial es nulo.

Por razones regulatorias de incompatibilidad al estar el Santander presente en esa entidad y con filial mexicana propia, las autoridades del país suspendieron los derechos políticos de esa participación y salieron sus representantes en el consejo de BX+. Una situación que el banco azteca aprovechó para diluir del 24,9% al 16% la participación accionarial del Santander ampliando capital a sus espaldas. El enfrentamiento está servido: los mexicanos litigan para recuperar su inversión y EEUU ofrece, cuando menos, el campo idóneo para apretar al Santander.

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