El Gobierno ignora la petición de los inversores mexicanos del Popular de que les restituya los 470 millones de euros que perdieron con su resolución, bajo amenaza de llevar al país a arbitraje internacional si la desatiende. Ni siquiera se ha dirigido a ellos o sus abogados tras recibir la solicitud, tal y como revela la defensa del grupo de inversores aztecas liderado por Antonio del Valle en los escritos remitidos al Tribunal en EEUU para rebatir los argumentos con los que el Santander niega la entrega de documentación confidencial sobre el Popular. En su réplica refutan la tesis del Santander de que hayan roto las reglas de arbitraje y defienden que el acceso a dicha información ayudaría a los inversores o, incluso, al Gobierno a pactar una solución privada.
La solicitud la efectuaron en una carta dirigida a Mariano Rajoy el pasado 22 de enero donde invocaban el tratado de protección de inversiones firmado entre España y México para ser resarcidos o pleitearían en arbitraje acusando al Ejecutivo de propiciar la resolución del banco por acción -indican la falta de aval del Tesoro o que el Banco de España negase mayor liquidez- y omisión -por no defender su viabilidad-. “Me informan de que, más de tres meses después de notificar el conflicto, España no se ha puesto en contacto con los peticionarios o sus representantes”, saca a la luz Jan Paulsson, uno de los tres peritos a lo que solicitaron escritos para contestar en el tribunal de EEUU la negativa del Santander a entregar informes secretos.
Los abogados del Santander habían acusado a Del Valle y al casi medio centenar de empresarios y directivos que litigan junto a él, de “contravenir” las reglas de arbitraje al ir a un Tribunal a forzar la entrega de datos, sin respetar los seis meses de negociaciones de buena fe que, según interpretan, exige dicho tratado antes de ir a un mediador internacional. El colectivo de inversores aztecas, nutrido por acaudalados empresarios y conocidos directivos del país, se ha armado de artillería para replicarles. Entre ella, el trabajo encargado a Paulsson. Cofundador de la firma británica Three Crowns LLP volcada exclusivamente en arbitrajes internacionales, el perito ejerce o ha ejercido la presidencia de las cortes de Arbitraje de Londres, París, es miembro permanente en el órgano equivalente de La Haya y el de Singapur, y forma parte de la lista de expertos para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID) del Banco Mundial.
El escrito de Paulsson infiere que la falta de respuesta del Gobierno “puede sugerir que el Estado no participará en la discusión del acuerdo”. No es atípico. Al contrario, el abogado explica que un Ejecutivo ignore estas demandas es “común” o habitual, pero también “puede abrir la puerta para permitir que los inversores presenten su reclamación antes de que el período de enfriamiento haya expirado”, en alusión a los seis meses estipulados en el tratado bilateral firmado con México.
El experto desmonta el argumento del bufete Hunton Andrews Kurth que asiste al Santander de que han “roto” las reglas del tratado con la tesis de la negociación es una oportunidad no una obligación y no se viola el acercamiento de “buena fe” buscando información por otras vías judiciales: “No hay, en absoluto, un requerimiento de negociación durante el periodo de enfriamiento, particularmente cuando el Estado no ha dado pasos para contactar al inversor (...) este periodo da, sobre todo, tiempo a las partes para entender sus reclamaciones, algo que es importante para una institución compleja como es el Gobierno, y ofrece la oportunidad de explorar una potencial resolución amigable a la disputa”, refiere Paulsson.
En refuerzo de la tesis cita casos similares contra Pakistán o Chile, donde el inversor fue a la corte arbitral a los dos días de avisar al Ejecutivo, y sostiene que un proceso de ‘discovery’ como el iniciado en EEUU para sacar a la luz datos secretos del Popular podría ayudar a ambas partes a conocer lo ocurrido e, incluso, sopesar las posibilidades de salir exitoso en la disputa: “Un reclamante mejor informado puede darse cuenta de que sus posibilidades se ven comprometidas por la información obtenida, y así abandonar o reducir significativamente su reclamación o, por el contrario, presentar un caso más sólido (...) y otorgar al Estado incentivos y justificación para acordar una solución temprana y constructiva”.
El Santander tiene intención de personarse en el arbitraje, algo que el experto duda que prospere porque los casos en los que las cortes arbitrales han aceptado la presentación de terceros en casos contra Estados son tan marginales “que no llegan a los dos dígitos”. Sería bajo la figura del “amicus curiae” o amigo del tribunal y que se da cuando la corte acepta la intervención de terceros para opinar o aportar información frente a algún punto del proceso.
Esta pericial es una de las tres presentadas por los letrados de Kirkland & Ellis que asisten a Del Valle para responder a la negativa del Santander a entregar información. Para que el tribunal de EEUU fuerce el proceso de entrega de datos o 'discovery' deben darse varios requisitos: que la empresa tenga presencia significativa en el país, sea imposible lograr la documentación en otras instancias y la empresa no se encuentre personada en los procesos judiciales para los que se solicitan -para su denuncia a la JUR en el Tribunal del Luxemburgo y la potencial en arbitraje internacional-. Los abogados del banco han refutado todo.
En la réplica, los letrados de Del Valle sostienen que tiene presencia en EEUU desde hace 30 años, captó más de 1.000 millones en la bolsa de Nueva York, donde ha efectuado además reuniones para facilitar la adquisición del Popular. Ponen en tela de juicio que el Tribunal de Luxemburgo acepte su personación -también en arbitraje- e, infieren que incluso aunque sea admitida, no tienen el poder de ordenar al Santander la producción de los documentos requeridos.
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