Los grandes inversores mexicanos del Popular y los bonistas replican a Bruselas. Sus abogados han pedido al tribunal de EEUU que no vete el acceso a los documentos que la Comisión Europea busca proteger de “manera difusa”, sin siquiera conocer a qué informes se refiere. Y en una suerte de paso intermedio proponen al magistrado acceder de forma restringida y privada a ellos para abordar, de forma conjunta, si se justifica la confidencialidad “con documentos reales en lugar de hacerlo ahora hipotéticamente”, aceptando en tal caso su no difusión pública.
La réplica del despacho Kirkland & Ellis LLP, que representa al casi medio centenar de inversores aztecas liderado por Antonio del Valle, y de Quinn Emanuel, en nombre de Pimco y Anchorage, se alinea con el acceso ‘restringido’ que otros bufetes demandan al Panel de Apelaciones de la Junta Europea de Resolución (JUR). En este último caso ofrecieron consultarlos en un proceso controlado y limitado asimilable a una ‘due diligence’ para poder preparar la defensa de sus representados sin exponer la integridad de su contenido al mercado.
La respuesta de los grandes inversores llega a la solicitud de Bruselas de incorporarse al proceso de ‘discovery’ como 'amicus curiae' -parte no contendiente- con la pretensión de proteger los informes que la JUR y el Banco Central Europeo (BCE) se niegan a divulgar bajo el argumento de que entrañaría riesgos para la estabilidad del sistema financiero y socavaría los procedimientos de las autoridades comunitarias si sale a la luz su metodología. Los abogados de los bonistas y Del Valle no ponen reparos a su incorporación, si bien solicitan al juez poder replicar al escrito que presente en caso de aceptarlo el Ejecutivo Comunitario.
Frente al mutismo de las autoridades comunitarias que dirigieron el 'rescate', el Congreso ha conseguido, en contraste, la confirmación de Ángel Ron y Emilio Saracho para comparecer en la Comisión que Investiga la crisis financiera y económica. Será la primera ocasión donde ambos expresidentes rindan públicamente cuenta de su gestión desde aquel 7 de junio que el Popular certificó su defunción y ofrezcan un relato en primera persona de qué falló, sometiéndose al interrogatorio de diputados de los distintos grupos políticos parlamentarios.
En diferentes entrevistas Ron ha reconocido la indigesta carga del ladrillo que lastraba desde años atrás el balance pero cuya limpieza justificó que se abordaba con el ritmo que la entidad podía para preservar su independencia, soslayando las alternativas de solicitar ayudas y acometer una operación corporativa. Las actas del consejo del banco incorporadas al sumario de la Audiencia Nacional revelan que mantuvo conversaciones de fusión con Unicaja o Ibercaja, recibió muestras de interés de BBVA y Santander, y el consejo desechó la fusión con Sabadell. Esta última era la operación que promovía el inversor Antonio Del Valle, que lideró la rebelión en el consejo que acabó con su salida, junto a los accionistas del Sabadell David Martínez, también mexicano, y el colombiano Jaime Gilinski. En declaraciones públicas apuntó a Saracho atribuyéndole interés en bajar la cotización “asustando al mercado” para atraer la atención y apetito comprador de un gran banco.
Saracho se ha mantenido alejado de los focos tras rendir explicaciones a la plantilla en un video aquel día 7 donde defendía la venta al Santander como la mejor solución y reconocía el fiasco de sus planes para salvar la entidad. “Hemos fracasado. No repetiré nada parecido en mi vida”, confesaba en aquella entrevista. En la junta que le nombró presidente prometió a los accionistas pelear por salvar el bache en un discurso donde también reconoció que precisaba una cura tan rotunda que solo se resolvería con una macroampliación de capital o una fusión, mensaje que avivó, en lugar de sofocar, las dudas en el parqué. La situación del banco era “insostenible e imposible mantener su valor”, confesó en aquel último video por el problema que, según han revelado las actas, descubrió que se venía incubando y engordando desde el año 2014.
Salvo imprevistos, ambos tendrán ocasión de explicar qué ocurrió y por qué no se evitó el fracaso del legendario banco en la segunda semana de julio. Para esa fecha y bajo el ‘bloque crisis del Popular’, la Comisión de Investigación que preside Ana Oramás quiere contar igualmente con el tercer presidente del Popular, Rodrigo Echenique, hombre de confianza al que Ana Botín encomendó la dirección cuando se adjudicó la entidad y que podrá dar cuenta de lo que se encontró. Pero antes, en el último tramo de junio, quiere cerrar el capítulo Bankia con la intervención del presidente de Deloitte, Fernando Ruiz; el expresidente de KPMG, John Scott, y el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
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