El presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz Ruiz, encaró hoy el primer interrogatorio a la firma sobre el rol en el Popular durante su intervención en la Comisión de la Crisis en el Congreso y pasó de puntillas. Pero sí quiso aclarar y acentuar dos aspectos: su análisis no influyó en la decisión de resolver la entidad y ese final pudo estar condicionado por la inexistencia de un mecanismo en Europa para atender crisis de liquidez en bancos.
“Se ha dicho que tomó la resolución en función del informe de Deloitte y no es correcto”, indicó. Quiso aclarar que la Junta de Resolución Europea (JUR) dio tal paso “en función de la información que tiene el BCE y otras diferentes fuentes” y el mandato sobre la valoración encargada a la firma de consultoría y auditoría fue para determinar “el concreto instrumento de resolución a adoptar” después.
Ruiz esquivó dar detalles sobre el contenido al ser un trabajo que se efectúa para el organismo dirigido por Elke König por Deloitte Bélgica con el apoyo de equipos de la firma en España y Reino Unido. “Es la única que tiene potestad de difundirlo”, indicó y anticipó su convicción de que el tercer informe, donde también Deloitte deberá evaluar si los afectados habría recibido mejor trato de llevar el banco a un proceso de liquidación concursal, “debería estar a punto” de conocerse. “Si no está entregado debe estar cerca. Ya hace tiempo que se están discutiendo los últimos temas (...) pero no depende de nosotros”, refirió.
Durante su intervención advirtió que con el Popular se estrena el mecanismo de resolución europeo aplicando una normativa igualmente “nueva” lo que complica la situación “porque estamos haciendo camino”. En este sentido opinó de forma genérica que la regulación “quizá adolece para tratar situaciones de liquidez” de forma que aboca a una situación de resolución porque se encuentra volcada en hacer frente a problemas de solvencia.
Sobre el caso específico del Popular y si se pudo hacer algo más para evitar la asfixia, se remitió a declaraciones de autoridades sobre la carencia de “colaterales” para lograr más fondos del BCE. “No éramos los auditores, no puedo opinar”, se excusó, tras subrayar que Deloitte no trabajaba para el Santander ni Popular cuando se adjudicó el contrato ni tuvo contacto con el grupo cántabro u otros posibles inversores durante la resolución.
Si en el caso Popular las esperadas aclaraciones no tuvieron lugar, sobre la situación en Bankia, en cuya causa se encuentra imputado el socio de Deloitte que firmó las cuentas, sí entró a fondo. En primer lugar subrayó que la falsedad contable se mantiene solo en base a informes de los dos peritos nombrados por el Banco de España con opinión contraria del mismo organismo supervisor, el Frob o el Ministerio Fiscal.
La firma se vio doblemente involucrada por la crisis de la entidad como auditora de las cuentas previa a la salida a bolsa y por la escalada de tensión con la directiva de Rodrigo Rato por no firmar en tiempo los estados contables del cierre de 2011 donde arrojaba más de 300 millones de beneficios. Tras la nacionalización y su saneamiento, dicha ganancia mutó en pérdidas de más de 3.000 millones ya bajo la dirección del nuevo equipo liderado por José Ignacio Goirigolzarri.
A preguntas de los diputados refirió que la labor de Deloitte se limitó a verificar si las cuentas trimestrales previas a la salida a bolsa se encontraban bien formuladas y acopiaba provisiones conforme a la ley, sin participar en la salida a bolsa en el folleto o la fijación del precio. Subrayó que la auditora llevaba alertando al banco y al supervisor desde octubre de 2011 sobre el impacto en patrimonio y recuperabilidad de los créditos fiscales que iba a tener la depreciación de valor de Bankia en bolsa para su matriz BFA -un deterioro que convertiría posteriormente en insolvente al holding forzando la recapitalización-.
Conforme a su relato, la firma estaba pidiendo además un informe sobre viabilidad “y tasaciones actualizadas que “no se nos facilitó”. Pero las tensiones entre la dirección de Bankia y Deloitte estallan con las cuentas del primer trimestre de 2012, que se presentan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin el preceptivo informe de la auditora y contribuyen, al acrecentar las dudas, a desencadenar la intervención. Ruiz Ruiz culpó al banco de provocarlo al no entregar a tiempo los estados contables para su verificación. “Nunca recibimos estas primeras cuentas y por eso nunca hicimos ese primer informe”, zanjó.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios