Al expediente del Popular aún le falta un último informe que evaluará si sus inversores hubiesen recibido mejor trato o no de haber optado por llevar la entidad a concurso de acreedores en vez de adjudicarlo, por un euro simbólico, al Santander. Deloitte, la firma en la que se apoyó la Junta de Resolución para tasar a la entidad cuando activó su resolución, se encuentra de nuevo volcada en este último y definitivo documento, según desvelan fuentes al corriente del proceso.
El dictamen se espera con vivo interés. Durante el proceso de resolución, el organismo dirigido por Elke Koënig llevó a cero casi 3.400 millones de euros en acciones y bonos del banco. Si el estudio concluye que el acreedor -accionista y bonista- hubiesen recuperado algo de su inversión de liquidar el banco en un proceso ordinario de insolvencia como se procedió con Banco Madrid, obligaría a las autoridades europeas a compensarles por el perjuicio causado.
La urgencia con que se desencadenó el problema obligó a imprimir máximo ritmo al engranaje europeo para actuar y salvaguardar la estabilidad financiera impidiendo el derrumbe de la entidad. La Junta de Resolución (JUR) había iniciado el proceso de resolución el fin de semana del 3-4 de junio con intención de concluir la subasta al fin de semana siguiente, pero no tubo tiempo. La incontenible sangría de liquidez empujó al propio Popular a solicitar su intervención inmediata al Banco Central Europeo para no colapsar por asfixia casi en el arranque de la semana.
Se entregó a las tres de la tarde del martes 6 y a primera hora del día 7 ya era propiedad del Santander. Para ese momento, el organismo europeo contaba con un informe provisional de Deloitte que asignaba al banco una valoración negativa de entre -2.000 y -8.000 euros, junto a una tercera tasación positiva, por 1.300 millones. Esta última se descartó porque la norma “exige utilizar las valoraciones más prudentes”, según relataría el presidente del Fondo de Resolución (Frob), Jaime Ponce, en una comparecencia parlamentaria el pasado mes de septiembre.
El precio de la entidad quedó condicionado por la oferta del Santander según dejó entrever el Frob al detallar la sucesión de medidas adoptadas en aquella madrugada. Y la adjudicación tuvo lugar después de sanear el balance del Popular y enjugar quebrantos con cargo al patrimonio de accionistas y bonistas: se amortizaron casi 2.030 millones en bonos del banco y se llevó a cero los 1.330 millones a los que cotizaba la entidad en bolsa antes de ingresar en la Uvi para la resolución.
Las reglas de salvamento y liquidación de bancos gestadas después de que los contribuyentes corriesen con el reflotamiento de innumerables bancos en Europa y otros muchos países, exigen que sus dueños y acreedores corran con la factura antes que recurrir al Erario. Pero en el Popular, miles de sus inversores reclaman revertir la decisión del Frob europeo porque la entidad no eran insolvente, a pesar de los gravísimos problemas de liquidez que sufría.
Los bonistas, a la espera del informe
No son los únicos con interés máximo en el informe final. Su diagnóstico será también clave para resolver si se activan y cómo las garantías CDS emitidas sobre los bonos del Popular -los conocidos como credit default swaps que protegen a los bonistas en quiebras de sus emisores-. El Comité de Determinaciones de la Asociación Internacional de Permutas y Derivados (ISDA, por las siglas en inglés) decidió por vez primera activar estos escudos, si bien el grado de protección lo marcará el estudio. A pocos días de la resolución del banco había contratos de CDS que cubrían emisiones valoradas en unos 138 millones de euros, sin discriminar entre los bonos subordinados volatilizados y la deuda senior que asumió el Santander.
Cuando estalló la crisis del Popular, la Junta de Resolución disponía de un ‘pool’ de firmas en las que apoyarse para recibir asesoramiento contable, servicios de valoración económica y financiera para su más diversas necesidades. Al concurso, cuyo contrato otorgó por hasta 15,5 millones de euros y vigente durante dos años hasta marzo de 2018, se presentaron once postores. Seleccionó a seis: KPMG de Berlín, PwC, EY y Deloitte de Bélgica, la italiana Reply SPA y Oliver Wyman de Munich.
La tarea de evaluador con el Popular recayó en Deloitte con un contrato presupuestado en 2,2 millones de euros -excluído IVA-. Se ha enmendado para incrementarlo un 50%, hasta 3,3 millones -sin IVA-, según registros oficiales del contrato. El motivos, explican las fuentes consultadas, es que ha tenido que destinar más recursos y profesionales de los estimados en el pliego original al acortarse los plazos en el informe provisional por la urgencia de actuar en el Popular, y por su función en el informe definitivo.
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