Domingo, 24.03.2019 - 17:35 h
El salto de advertir a prohibir

Cerco al bitcoin: autoridades europeas quieren vetar su uso al sector financiero

La EBA pide a Bruselas que evite la compra, mantenimiento y venta de criptodivisas a las entidades reguladas: banca, remesadoras, firmas de pago...

Vista de un bitcóin en Düsseldorf, Alemania, el 27 de diciembre de 2017. (EFE/ Sascha Steinbach)
Vista de un bitcóin en Düsseldorf, Alemania. (EFE/ Sascha Steinbach)

Advertir, procurar una regulación… o directamente prohibir. El bitcoin mantiene en alerta a supervisores y reguladores de medio mundo, coincidentes en someterlo a controles aunque discrepantes sobre su alcance. La primera voz de alarma la pronunciaron escasos años después de su lanzamiento en 2009, pero arrecia cuando salta de ‘mercado’ entre pocos a atraer una colosal inversión de todo tipo de ahorradores multiplicando su precio... y riesgo. Falta una visión unívoca internacional sobre cómo encarar el fenómeno pero la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha instado a los reguladores (Bruselas y BCE) a prevenir y cortocicuitar su entrada en el sistema financiero. 

La consigna es “evitar” que las entidades financieras (bancos, remesadoras, financieras, entidades de pago con capacidad o no de captar depósitos, etc) compren, mantengan y vendan criptodivisas, confirman fuentes del mercado. El organismo fundado en 2011 para garantizar la estabilidad en el sistema financiero y la protección del cliente ejerce como una suerte de asesor en materia regulatoria a través de informes sin carácter vinculante, pero que inspiran el debate y reglas en el seno europeo. Otra de sus funciones es verificar la salud de las entidades, en coordinación con el BCE, a través de los test de estrés. 

Los primeros avisos del organismo dirigido por Andrea Enria sobre el fenómeno se remontan a 2013 y los dirigió hacia los consumidores, alertando sobre el riesgo de ver esfumarse sus ahorros en la montaña rusa en la que se mueve la cotización sin que les asista protección alguna porque son activos desprovistos de reglas y supervisión. La segunda andanada es evitar, vía norma, que entre el sistema financiero.

Hoy sobra porque la banca europea se mantiene al margen. Apuesta con claridad por utilizar la tecnología que sirve a las criptodivisas para funcionar -la conocida como blockchain-, sin más incursión en las monedas virtuales que expresar su visión en los departamentos de análisis. A la industria le ahuyenta la falta de transparencia inherente al producto por el riesgo de que se use para transacciones ilícitas precisamente gracias al anonimato y la opacidad que garantiza a los intervinientes en el proceso, impidiendo efectuar una trazabilidad del circuito de los fondos desde origen a destino.

Una circunstancia que Europa sí ha decidido analizar y atajar dentro de la política para combatir el blanqueo o la financiación de terrorismo. La apuesta de la EBA sería dar un paso más quizá preventivo. Y es que, si bien en la banca europea se impone la máxima prudencia y lo mira como espectador, en Estados Unidos alguna gran financiera da respaldo a plataformas para negociar contratos vinculados a la cotización del bitcoin mientras otros bancos impiden a los clientes usar sus tarjetas de crédito y débito para adquirirlos.

En España, el fenómeno ha movilizado al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que han creado grupos de trabajo para su análisis y alertaron juntos a inversores sobre el riesgo asumido con su compra y con la participación en los programas de financiación vinculadas a ellas (los ICOs). En paralelo, Hacienda ha cursado requerimientos a más de 60 entidades que intervienen en transacciones -casas de cambios, pasarelas de pago, empresas que admiten las divisas o su uso en cajeros automáticos e, incluso, bancos por los servicios de compensación surtidos- para recabar datos y valorar posibles actuaciones o controles. Al organismo tributario le interesa vigilar la incidencia fiscal -al ser operaciones opacas no rinden cuentas al Erario- y evitar el uso por parte del crimen organizado.

Alarma sobre los ICOs, de fuerte desarrollo en España

A los supervisores les preocupa de forma especial los ICOs o mecanismos de financiación de proyectos basados en la misma tecnología del blockchain o cadenas de tokens, por el arraigo sorprendente en España. El ICO (nomenclatura de initial coin offerings) son sistemas a medio camino entre las colocaciones a bolsa u OPV y el crowdfunding, donde una empresa capta recursos a cambio de ofrecer al inversor acceder a sus productos a precios ventajosos o participar en el capital.

Se han anunciado 24 de estos proyectos -de los que cinco ya están en marcha- con un valor conjunto de cotización de 145 millones de dólares (124 millones de euros) conforme a un estudio de Finnovating recogido por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) en el último número de ‘Cuadernos de Información Económica’, donde eleva a 236 el censo a escala internacional. La presencia en criptoactivos es, en cambio, limitada: Coinmarketcap eleva a 1.587 el número de empresas que operan divisas virtuales y otro tipo de servicios bajo blockchain, con una capitalización de mercado de 418.779 millones de dólares (358.462 millones de euros). Se trata de una cifra solo superada por Apple o Microsoft entre las compañías del Dow Jones. La mayoría del tráfico se aloja en EEUU, Alemania y China, que concentran un 24, 19 y 7% de los ‘nodos’, frente a un todavía reducido 0,7% localizado en España.

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