El sector de las cajas rurales o cooperativas de crédito es el único sin reestructurar nueve años después de estallar la crisis ante su resistencia a perder autonomía con una fusión. El Gobierno decidió mutar esta realidad con una ley específica en junio del pasado año, a la que el Banco de España -por mandato- acaba de definir las últimas reglas: las rurales que se integren en un grupo financiero podrán ahorrarse hasta el 60% de la factura al Fondo de Garantía siempre que el holding constituya una hucha propia para asistir a sus asociados en caso de apuros.
Se busca alentar la integración en un colectivo donde conviven unas 60 entidades vía incentivos en la siempre pesada factura de costes. Para acceder a tal rebaja su ‘fondo propio’ deberá haber recaudado previamente una cuantía equivalente al 0,5% de los activos ponderados por riesgo de las entidades cobijadas bajo su paraguas (la parte de sus inversiones, inmuebles, créditos, etc, que computa para el cálculo del capital regulatorio), o tener planes específicos y pautados para ello.
A pesar de las enormes dificultades que la crisis ha planteado a la banca, con morosidades galopantes y la imposibilidad de acceder a los mercados de capitales, el sector de las cooperativas ha salvado los apuros sin ayudas y ganando incluso cuota de mercado a cajas de ahorros y bancos. Hoy copan entre el 7 y 10% del crédito y depósitos gestionados de clientes. Cuando han surgido problemas en alguna entidad lo ha solucionado el propio sector haciéndose cargo de ella.
Es un sector muy atomizado, con unas 62 entidades asociadas entre ellas, pero con muy distinto grado de integración. El Grupo Cooperativo Cajamar aglutina a 20 entidades con Cajamar a la cabecera, y trabajan con 3,5 millones de clientes y 1,4 millones de socios. Su creación a partir de 2012 como sistema institucional de protección (SIP) hace que sea lo más asemejable posible a lo que el Gobierno quiere propiciar, ya que mutualizan resultados y balance en el banco matriz y, por su tamaño, entra dentro de las entidades significativas que supervisa directamente el Banco Central Europeo (BCE).
En torno al Banco Cooperativo Español, el otro gran bloque con 38 entidades, se creó en 1990 como grupo financiero para surtir los servicios de una central bancaria a sus cajas rurales asociadas que, sin embargo, mantienen total independencia contable. Y al margen quedarían otras entidades como Caja Laboral Popular. Este Grupo Caja Rural -el gestado con el Banco Cooperativo Español- se ha resistido siempre a la fusión buscada de manera insistente por el Gobierno durante la crisis, al considerar que colocaría en riesgo su modelo de negocio y viabilidad.
El temor que han expresado en alguna ocasión es que ocurra como en las cajas de ahorros, y del SIP se pase a una bancarización, cuando su modelo de asociación es plenamente vigente con las cooperativas en Francia (Crédit Agricole y Crédit Mutuel se encuentran así conformadas), o en otros países como Alemania, Holanda, Suiza y Finlandia.
El arraigo territorial y conocimiento personal de la clientela, en su mayoría pequeñas pymes, ha sido la ventaja que les ha evitado los grandes impagos de otro tipo de entidades, y el hecho de que tengan un caudal suficiente de depósitos de clientes les permitió dar créditos sin tener que cerrar el grifo cuando el mercado de capitales se cerró. Sin embargo, la estrechez de los márgenes con el precio del dinero a cero y la necesidad de rodar negocios más sofisticados para recaudar comisiones sí les presenta un desafío donde el Grupo Cajamar sí ve una oportunidad en reforzar la consolidación del sector. Esta entidad lleva, de hecho, desde 2012 abierta a incorporar nuevas cajas a su grupo.
Han ganando negocio durante la crisis
Con el argumento de reforzar su profesionalidad de gestión y resistencia en ese desafiante entorno el Gobierno aprobó en junio pasado la reforma del régimen jurídico de las cooperativas de crédito, que favorece la creación de los denominados Mecanismos Institucionales de Protección (MIP) y a las fusiones frías de las cajas de ahorros. Su adhesión es voluntaria y hay dos tipologías: reforzados, o como el SIP de Cajamar, donde se surten de una entidad cabecera que dirigirá prácticamente todas las decisiones del grupo y consolidará los riesgos y beneficios; o normativo, que no mutualizará resultados ni balance pero se dotará del citado fondo de garantía privado.
El incentivo a ir a estos modelos lo pone ahora el Banco de España fijando cómo deben aportar al Fondo de Garantía. Tal contribución tiene una parte fija y otra calculada en función del perfil de riesgo real de cada entidad financiera. Con el simple hecho de embarcarse en estas fusiones frías hace que el perfil que se considere sea el del grupo, con independencia de la situación específica de cada entidad, y pese menos en el cálculo su ratio de solvencia de máxima calidad -capital y reservas-, el apalancamiento o la liquidez. Si optan por las alianzas de menor intensidad, que exigen disponer de un fondo propio, la factura al vehículo de Garantía de Depósitos puede reducirse el 60% citado.
En las cajas de ahorros se dio una opción parecida: la Troika impuso crear un fondo a aquellas entidades decididas a mantener el control accionarial sobre sus bancos, provocando que algunas -empezando por Caixabank- hayan buscado bajar dicha participación por debajo del 50% porque suponía un peso muy oneroso. La implicación en las rurales está por ver. El primer reporte -y pago al Fondo de Garantía- bajo el recién fijado esquema tendrá lugar el próximo mes de mayo.
Son recibos significativos, máxime cuando se suman a la factura devengada por el Frob (esta función y su presupuesto se pagan antes directamente al Fondo de Garantía). El Grupo Caja Rural ha ido al Supremo porque el Frob le pasa doble cobro: por el grupo y cada entidad asociada, poniendo en riesgo su viabilidad.
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