El jefe de inspección del Popular, Ignacio Pardo, subrayó hoy que la entidad “tenía problemas estructurales desde hacía muchos años” por culpa de la elevada carga de activos improductivos, un umbral de cobertura de la exposición dañada inferior al resto del sector y un nivel de rentabilidad “bajo” que ponía en peligro el futuro de la entidad. Su fragilidad, subrayó, venía de muchos años, como consecuencia de la fase de expansión crediticia registrada entre 2000 y 2007 cuando cuatriplicó el volumen financiado “con elevada penetración del sector inmobiliario”. Acudía a la Comisión que investiga la crisis en el Congreso, donde desveló que venían instando al banco reducir el peso inmobiliario desde el ejercicio 2009, y se impusieron ajustes en provisiones desde entonces.
Mientras el conjunto de la banca disparó el crédito desde los 50.0000 a 450.000 millones en el sector inmobiliario, el banco Popular llegó a mantener casi el 36% de la cartera concentrada en dicho sector, refirió Pardo durante una comparecencia en la que evitó pronunciarse sobre su caída y los temas claves, para decepción de los diputados que le reprocharon no haber aclarado ni una sola de las cuestiones planteadas ni haber arrojado luz alguna sobre la crisis del banco.
Pardo quiso limitarse a su trabajo en la entidad como inspector del riesgo crediticio, rehusando entrar en cuestiones que competían a sus responsables en el organismo o a otras autoridades. Sí reveló, sin embargo, que durante su labor se revisó las carteras del banco y se requirió a la dirección bajar la exposición inmobiliaria, así como ajustes en provisiones de crédito entre los años 2009 y 2011. "Se dijo que rebajara la exposición inmobiliaria y lo redujo al 25%, pero el problema ya no podía desaparecer. Lo intentó, pero era demasiado tarde", refirió.
Apenas concedió que el supervisor carecía de herramientas suficientes para prevenir la crisis y coincidió con comparecientes anteriores en que hubo un “fallo de diagnóstico” porque “se esperaba un aterrizaje suave y fue un aterrizaje severo”. “Un diagnóstico más certero habría intensificado las herramientas y haber sido más exigente”, se limitó a reconocer. Sobre el debate de si el Popular cayó por insolvencia o una crisis de liquidez, eludió hacer una valoración personal escudándose en que el informe de la Junta de Resolución Europea donde reiteraba que cumplía con los ratios regulatorios, pero cayó por la sangría de fondos.
Pardo, que fue miembro del equipo de seguimiento del banco entre el 2008 y el segundo trimestre de 2011, y luego se incorporó al Mecanismo Único de Supervisión desde noviembre de 2014 a febrero de 2016, llegó al Congreso con el permiso del Banco de España de hablar con libertad y la prohibición del Banco Central Europeo (BCE) a rendir cuentas de la labor en la entidad desde el organismo europeo. Tras su labor en el equipo de inspección el banco suspendió las pruebas de resistencia de Oliver Wyman que le atribuyeron un déficit de capital de 3.200 millones de euros, en 2012 y forzaron al banco a ampliar capital en 2.500 millones.
Durante su intervención excusó que es competencia del banco y de su equipo gestor decidir las ampliaciones de capital, negó haber tenido problemas con los informes que preparaba como miembro del equipo de vigilancia del riesgo de crédito. Si señaló que se revisaron varias carteras del banco en créditos por la alta carga y se recomendó a la entidad reducir su posición como era usual. Esquivó preguntas directas sobre el impacto de las declaraciones de Elke König reconociendo que el banco estaba siendo monitorizando por si había que intervenir o el reconocimiento de Emilio Saracho de que su futuro pasaba por una macroampliación de capital o fusión, pero sí subrayó de forma genérica la importancia de una buena política de comunicación para una entidad financiera y más aún si atraviesa problemas.
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