El Santander no comercializó hipotecas con cláusulas suelo, pero ha heredado el foco de problemas al adquirir el Popular. El grupo presidido por Ana Botín se ha volcado en acelerar la resolución de estos pleitos y el pasado ejercicio devolvió 356 millones de euros a clientes en procesos de arbitraje por las cuantías cobradas de más al impedir que se beneficiasen del descenso del euríbor.
En un ejercicio de prudencia y, probablemente buscando también zanjar cuanto antes el foco de conflictividad, el grupo añadió otros 100 millones al colchón de dotaciones para encarar la resolución de las disputas, que se eleva así a 563 millones.
Que haya compensado a clientes por 356 millones -aún le quedan 207 millones en provisiones sin utilizar- revela el ritmo impreso en la resolución de este quebradero de cabeza, ajeno al grupo cántabro; ya que a finales de octubre solo había resarcido a los afectados con unos 200 millones.
Cuando se adjudicó el Popular, el Santander ya advirtió de que probablemente la entidad se había quedado corta en las provisiones, apuntando la eventualidad de alcanzar un roto de entre 900 y 1.000 millones en un escenario extremo y que más que duplicaba la hucha construída. El mismo Popular reconocía en los primeros compases que había recibido 65.000 reclamaciones de clientes, pero que esperaba, como mínimo duplicar dicho impacto sin que esperase tener que resarcir a clientes por más de 690 millones.
Su impacto se sitúa, sin embargo, alejado de los alrededor de 1.200 millones estimados por BBVA y Caixabank, en ambos casos después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretase la retroactividad total; aunque el grupo vasco ha reconocido recientemente que se quedó corto en su previsión y deberá efectuar una dotación superior.
Unas 20.000 nuevas reclamaciones
Según los últimos datos del Ministerio de Economía, las entidades financieras reciben unas 20.000 reclamaciones nuevas por los topes hipotecarios al mes, una avalancha que se ha precipitado después de que el Gobierno les obligase a instaurar un sistema de arbitraje para resolver el conflicto al margen de los tribunales. Sin embargo, apenas un 44% son atendidas y la inmensa mayoría se rechazan ante la convicción del banco de que sus condiciones contractuales son legales porque la cláusula suelo fue bien explicada y reflejada adecuadamente y con transparencia en los contratos.
La banca ha dotado más de 4.000 millones desde que explotó el conflicto, con la anulación por parte del Tribunal Supremo de contratos de BBVA, Cajamar y Novobanca (hoy Abanca) en 2013, y posteriormente extendido a otras entidades. Hasta la fecha las entidades han devuelto unos 1.950 millones, en su mayor parte en procesos extrajudiciales. Sin embargo, los juzgados continúan anegados con más de 160.000 demandas.
Para el Santander es un foco de litigios, pero no el único. El principal conflicto que encara son los recursos de los accionistas y bonistas que vieron como la Junta Europea de Resolución (Jur) reducía a cero sus inversiones en el Popular para sanear su balance, y han demandado al Santander, además de al auditor o las autoridades de resolución (Jur y Frob) y la Comisión Europea. Según el informe de valoración de Deloitte, el grupo cántabro se exponía a un riesgo legal que excede los 3.000 millones por los pleitos de los inversores afectados, las cláusulas suelo y la ruptura de las alianzas del Popular (con Varder Partners en WiZink, Credit Mutuel en cajeros o Allianz en seguros).
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