El Popular retribuyó con 7,27 millones a la cúpula en el semestre de su colapso

La nómina de la cúpula del Popular resultó la más alta pagada nunca por esta entidad durante el semestre de su colapso. El banco retribuyó con 7,27 millones de euros al conjunto del consejo de administración frente a los 2,58 millones abonados en el periodo comparable del ejercicio 2016. La razón de que se triplique se explica, sin embargo, casi en su integridad por los cinco millones de euros que desembolsó en 'bonus' a los primeros espadas.

La entidad tiró de chequera de manera inusual para su muy conservadora política retributiva tradicional cuando fichó a los banqueros llamados a resucitar la convaleciente entidad: Pedro Larena primero, en septiembre de 2016 y como consejero delegado; a Ignacio Sánchez Asiaín para sucederle cuando dimitió, y en un periodo intermedio a Emilio Saracho para sustituir en la presidencia a Ángel Ron.

El que era vicepresidente mundial del JP Morgan hasta aceptar tomar las riendas del Popular -Saracho fue nombrado para el cargo el pasado 20 de febrero- pactó unas condiciones envidiables: una prima de fichaje de pago casi instantáneo de 4 millones de euros, y un sueldo anual, sin incluir variable, próximo a los 1,5 millones. Apenas estuvo tres meses y medio en el cargo, y bajo permanente lupa por el mar de incertidumbres que se desataron alrededor de la entidad impidiendole cerrar la fusión que buscada con denuedo.

Prima de 4 millones por dejar JP Morgan

Hoy es, junto a Ángel Ron, diana de querellas que les responsabilizan por socavar la viabilidad del banco con su distinta gestión. En el caso de Ron por ampliar en 2.500 millones el capital en 2016 con un plan de salvamento y futuro que incumplió -y unas cuentas enmendadas posteriormente bajo la etapa de su sucesor-, y a Saracho le culpan de alentar las dudas sobre la salud del grupo, al confesar que la gravedad del problema exigía una fusión o macroampliación, sin poder sofocar la escalada de malas noticias que se precipitaron después. 

Pero antes del reemplazo de Ron forzado por una rebelión dentro del consejo, intentó ganarse el favor del mercado y confianza en su proyecto reclutando a Larena, el ejecutivo que dirigía la red de banca de particulares en Europa de Deutsche Bank desde 2009 -y antes trabajó en Caja Madrid, Citibank o Banesto-. Su incorporación al Popular se produjo tras la ampliación de capital de 2.500 millones, en septiembre de 2016 como 'número dos' para sustituir a Francisco Gómez, y con su llegada ajustó la plantilla en un 20%, y reestructuró el banco para vender a marchas forzadas el ladrillo.

Larena se garantizó un bonus de contratación de un millón de euros, pero dejó el cargo por sorpresa el 3 de abril después de que Saracho escogiese de lugarteniente a Miguel Escrig, al que se presupuso una nómina también superior a las habituales en el grupo, al igual que a Ignacio Sánchez-Asiaín, llamado para sustituir precisamente a Larena ese mes de abril.

El baile de dimisiones, socava la confianza

El plan para salvar al banco con una fusión o macroampliación de capital se esfumó entre las dudas sobre su salud sembradas por cosas como dicha inesperada dimisión, el reconocimiento por parte de Saracho de que necesitaba medidas radicales para salir adelante o los ajustes contables de ejercicios previos.

Cuando el Santander se adjudicó la entidad el 7 de junio, se conoció que el Popular había perdió 12.218 millones de euros en el semestre, una cifra histórica, fruto del profundo saneamiento al que sometieron su balance durante el proceso de reestructuración.

Los 'números rojos' recogen una depreciación de la cartera inmobiliaria de 3.454 millones, junto a otros muchos conceptos que provocaron ajustes contables superiores a los 14.000 millones -incluído entre ellos 680 millones para compensar a los accionistas y bonistas con el bono de fidelización-. En ese semestre y por efecto del saneamiento su morosidad se disparó desde el 14,4 % por encima del 20%, después de haber perdido un 27,3% de recursos de clientes -salieron más de 18.500 millones en depósitos- o reducir un 18,7% el saldo de créditos, hasta 85.343,38 millones.