Los conflictos laborales se multiplican en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El nuevo presidente del organismo, García de Quevedo, se ha dado de bruces nada más acceder al cargo con el anuncio del sindicato CSIF de que dará batalla en los tribunales porque el banco público aprobó subidas salariales a varios responsables en 2017 que rebasaría los límites fijados en los Presupuestos Generales del Estado. Un fuego imprevisto que hereda, junto conflicto enquistado desde el año 2014 por el impago de un complemento salarial a la plantilla susceptible de pasar una factura al organismo de 1,5 millones de euros.
El Gobierno relevó a Pablo Zalba al frente de la entidad el pasado día 22 de junio y escasos cinco días después García de Quevedo tropezaba con el problema en una reunión interna. La tensión escala con la acusación del sindicato sobre subidas de entre el 6 y 7% en la nómina de varios responsables detectada en el Portal de Transparencia frente al 1% fijado en los Presupuestos Generales del Estado, que cataloga de “totalmente discriminatoria” cuando niega retribuciones por desempeño a la plantilla desde hace cinco años.
El mismo ejercicio de acceder a las nóminas les resulta, de hecho, una odisea ante la renuencia de la dirección del ICO a divulgar las retribuciones del personal de confianza como ocurre con otros entes públicos y en contra de la resolución del Consejo de la Transparencia que le obliga finalmente a difundirlos, explican. El velo impedía consultar los sueldos del personal que está fuera de convenio, alrededor de medio centenar de trabajadores con cargos de subdirector, o jefes de departamentos y áreas.
Con sus números sobre el tapete, en el ICO niegan irregularidad en los pagos y los justifican en los cambios experimentados en su estructura en los últimos años. En el banco público sostienen que “aplica anualmente a todos los mandos intermedios las subidas fijadas en presupuestos” y la Comisión Ejecutiva del organismo Interministerial de Retribuciones (CECIR) los revisa y comprueba, además de autorizar “medias salariales” para dicho colectivo. Las alzas, según su versión, responden a variaciones sufridas en la estructura organizativa que han “modificado puestos concretos” y “siempre respetando las medias autorizadas” por el citado organismo interministerial.
En los peores momentos de la crisis, el Gobierno impulsó, de hecho, al ICO para mitigar la sequía crediticia que sufría la economía cuando la banca privada cerró su grifo, llegando a alcanzar un volumen financiado equivalente al sexto banco nacional. Su balance o saldo vivo crediticio escala desde los 12.000-14.000 millones precrisis a un pico de 47.840 millones de euros en 2011. La vuelta a la normalidad de los mercados y en la banca forzaria un repliegue en los ejercicios posteriores, aconsejando al organismo revisar las líneas de negocio y estrategia -en 2017 el volumen de negocio había disminuido a 14.040 millones-.
“Estética y éticamente no es asumible, incluso aunque se determinase que es legal, que para unas cuestiones ancha sea Castilla y a la plantilla no se le dé una solución después de haber reducido los ingresos con la supresión del sistema de desempeño hace cinco años”, se quejan en el sindicato. En CSIF estudian los datos para formular una denuncia judicial ante la disconformidad con las explicaciones recibidas desde el ICO y después de haber rastreado la información accesible en los últimos ejercicios, sin encontrar los avales esgrimidos de la CECIR a otros incrementos equiparables.
La polémica con los sueldos agrega tensión al conflicto clave y cuya raíz es el denominado ‘sistema de desarrollo profesional’. Se trata de un esquema de retribución variable adoptado por el banco público en el año 2003 en sustitución del plus de antigüedad con intención de adoptar un mecanismo asimilable al de la banca, que premiase la consecución de objetivos en ingresos y carrera profesional. Opera con normalidad hasta que en el año 2014 el mismo organismo interministerial (CECIR) saca la tijera y reduce la dotación de este tipo de fondos en los entes públicos por imposición de austeridad presupuestaria.
La denuncia de una trabajadora del ICO da un giro al problema porque acaba con fallo judicial a su favor hace justo un año. Obliga a la institución a reintegrarle el dinero no abonado y da pábulo a una batalla desde CESFI para extender ese derecho al resto de empleados. A fecha actual implicaría compensar a unos 180 de las 314 personas en nómina por una cuantía que ya alcanza el millón y medio de euros y engorda con el paso del tiempo. Las fuentes consultadas reconocen que el nuevo presidente del organismo mostró comprensión en esa reunión e interés en buscar una solución. El Consorcio de Compensación se perfila ahí como un potencial espejo, ya que resolvió un conflicto similar con la recuperación de los trienios de antigüedad.
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