El Santander pierde 1.000 millones en activos fiscales con la venta a Blackstone

  • El grupo se deja buena parte del 'cheque' que podía desgravar frente a Hacienda al transferir al fondo el control sobre inmobiliarias del Popular. 
Imagen del Banco Santander
Imagen del Banco Santander

La alianza con Blackstone ayudará al Santander a desconsolidar de una tacada 30.000 millones de euros brutos en ladrillo del Popular pero con un peaje: pierde algo más de 1.000 millones en activos fiscales desgravables frente a la Hacienda Pública. Su cheque mengua porque con los inmuebles traspasará varias sociedades en virtud del acuerdo firmado con el fondo americano dueñas de una hucha original de 673 millones, que se ha visto incrementada en otros 449 millones por efecto el extraordinario ejercicio de saneamiento.

Son derechos que, al menos en el primer caso, podría haber monetizado el grupo en caso de liquidar las sociedades en lugar de transferirlas; y que al evaporarse explican en gran parte la razón de que el Popular haya aflorado ahora 1.340 millones de pérdidas adicionales. Según los balances definitivos, la entidad se anotó unos históricos números rojos de 13.560 millones el pasado ejercicio, frente a los 12.218 millones reportados en un inicio, y solo superados en la historia de la banca española por los 19.059 millones que contabilizó Bankia en 2012 (Catalunya Caixa perdió aquel mismo ejercicio 11.856 millones).

El segundo factor que justifica el aumento de las pérdidas finales es la reestructuración. El banco carga con 325,45 millones en costes para indemnizaciones, de las que alrededor de 169 millones son compensaciones asociadas al plan de prejubilaciones resuelto el pasado ejercicio y otros 137 millones derivado del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en 2016, cuando el Popular confiaba en salvar su futuro reduciendo los gastos y con un saneamiento de ladrillo que se demostró insuficiente.

La entidad se derrumba por una asfixia de liquidez en medio de una crisis de credibilidad sobre la salud del balance que hunde su cotización, causa una fuga incontenible de depósitos y le hubiese impedido refinanciar la deuda de no revertir de manera radical la situación porque perdió el favor de las agencias de calificación -y el investment grade-. Sin posibilidad de abrir la ventanilla al día siguiente, el banco se entrega el 6 de junio y el 7 amanece propiedad del Santander.

Los severos ajustes acometidos por la Junta Europea de Resolución (Jur) para reconocer el valor de mercado de la cartera inmobiliaria, provisionar su exposición, o por el simple hecho de la resolución (determinados activos como los fondos de comercio pierden su valor) pulverizan sus recursos propios y se convierte transitoriamente en insolvente (su capital principal CET1 pasó a ser -4,9%) hasta que el Santander le inyecta casi 7.000 millones con una ampliación de capital.

Pero el extraordinario saneamiento -cubrió en un 69% la exposición con dotaciones frente al 50% promedio del sector- permitió al grupo cántabro resolver en tiempo récord el mayor problema que heredaba: deshacerse del corrosivo ladrillo, que llevaba lastrando las tuberías del Popular casi desde el año 2008, y sentenció su final.

El grupo presidido por Ana Botín rubricó con Blackstone la mayor transacción inmobiliaria de la historia en España casi al día siguiente de tener el permiso de la Comisión Europea. La operación consiste en transferir los citados 30.000 millones brutos en inmuebles a una sociedad (9.401 millones netos de provisiones), donde el fondo estadounidense compra el 51% del capital por 5.100 millones de euros. Para crear dicha sociedad el Popular traspasó, entre otras filiales, la gestora Aliseda después de recomprar el 50% que no controlaba por 180 millones de euros.

Con la operación ya se esperaba que la nueva sociedad tenedora de inmuebles y donde el Santander repetirá el modelo para enajenar activos que tiene en Altamira (sociedad un 20% propiedad del banco y el 80% de Apollo), heredase unos 300 millones en activos fiscales diferidos. Será superior, pero merma la hucha remanente en el Popular que, después de los ajustes de resolución, ha caído desde los 5.508 millones potencialmente desgravables a 3.215 millones al cierre de 2017 (solo 2.031 millones monetizable, y tiene que generar una base imponible para poder descontarlos en el impuestos de sociedades que a fecha actual parece antojarse difícil).

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